JAÉN, 21 Sep. (EURIOA PRESS) -
La Junta de Andalucía no tendrá una "posición definitiva" sobre la ratio entre taxis y vehículos de alquiler con conductor (VTC) hasta "conocer exactamente" el contenido del decreto que prepara el Ministerio de Fomento.
Así lo ha indicado este viernes en Jaén el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, a preguntas de los periodistas después de que el departamento que dirige el ministro José Luis Ábalos sopese que las comunidades autónomas puedan tener margen para fijar su propia entre ambos sectores en su territorio, distinto al establecido con carácter nacional que fija un máximo de un vehículo de estas firmas como Uber o Cabify por cada 30 taxis.
"Tenemos competencia exclusiva en materia de transportes, pero dentro del territorio de la comunidad autónoma. Yo lo que no puedo es acabar legislando en temas que afectan a comunidades como Castilla-La Mancha, Cataluña o Galicia", ha dicho no sin apuntar que se trata de "competencias delegadas del Gobierno porque el que tiene licencia de VTC puede moverse en todo el territorio nacional".
López ha señalado que "la Junta sí puede crear una VTC de carácter autonómico", aunque, a su juicio, no se vendría "más a que a añadirle un problema al problema existente". En este sentido, ha preciado que "no es a futuro", ya que se sigue "sin dar ninguna licencia", sino que "el problema es gestionar el presente".
"Y en el presente no estamos en 1/30, estamos en 1/6. Y lo que decimos es: cómo se evoluciona hacia el 1/30 sin tener que asumir eventualmente costosísimas indemnizaciones a aquel al que se le puede restringir su derecho a moverse en todo el estado", ha comentado.
Éste "es el debate de fondo", de ahí que "la posición no es fácil", según el consejero. Por ello, se está "a la espera de conocer detalles que son fundamentales" para poder tomar una posición. Ha añadido que la voluntad de la Junta es "cooperar con el Gobierno, cooperar con el sector del taxi para establecer un marco que se acerque lo más posible a lo que el legislador entendió en su momento que era el punto idóneo", con la proporción una licencia de VTC por cada 30 taxis.
"Pero no vale sólo hacer un ejercicio de voluntad si no saber cuáles son las limitaciones legales con las que uno se encuentra para que eso evolucione en esa dirección. Por tanto, no vamos a tener una posición definitiva hasta que no sepamos exactamente el contenido del decreto", ha asegurado.
Ha incidido en que el "conflicto" radica en "qué medidas se van a tomar, no a futuro", sino en la actualidad "para que retroceda" la "radiografía del hoy", que se encuentra en la radio 1/6. "Como en cualquier autorización administrativa, si restringes un derecho, y puede hacerse invocando el interés público, acabas indemnizando", ha manifestado.
ANTECEDENTES
Al respecto, López ha aludido a los antecedentes de la situación actual desde la ley de 1987 que fijaba la proporción de una licencia de VTC por 30 de taxis "para que subsistieran de forma armónica" ambos subsectores.
No obstante, esa ratio "se ha roto" con la aprobación en 2009 de la conocida como Ley Ómnibus que trasponía al ordenamiento jurídico nacional una trasposición obligatoria europea. "La interpretación de los tribunales es que el sector del transporte está liberalizado y no se puede invocar la limitación 1/30 para negarse a dar una licencia VTC", ha declarado.
Así llega el "desajuste" y "las comunidades dicen no" a la petición a estos permisos, "pero los tribunales dicen que sí" y "al final hay sentencias que obligan a las comunidades a acabar otorgando licencias VTC", lo que ha llevado a la proporción actual de 1/6 en el conjunto del Estado.
Esto "cambia" en 2013, cuando el Gobierno modificó la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres y, sobre todo, en 2015 con su reglamento. Fue recurrido, pero en junio de este año el Tribunal Supremo afirma que "es pertinente mantener esa proporción de 1/30, si bien eso no modifica las licencias que ya están" otorgadas previamente.
Así las cosas, ha incidido en lo "complicado" de este debate, en el que también hay otros elementos como el que suscitó el conflicto en verano después de que el Ayuntamiento de Barcelona planteara a los VTC una segunda licencia de actividad para operar en el área metropolitana de Barcelona, medida que "tumba el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña".
