SEVILLA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha denunciado que los 5.522 millones de euros que Andalucía ha dejado de percibir entre los años 2009 y 2015 habrían permitido a la comunidad crecer un 3,8 por ciento del PIB y crear 100.000 empleos. Asimismo, ha alertado de que esa "escandalosa cifra" continuará aumentando si no se corrige el modelo de financiación autonómica y su incorrecta aplicación durante los años de la crisis.
En la primera sesión del grupo de trabajo de financiación del Parlamento, la consejera ha defendido la "necesidad imperiosa" de contar con un nuevo sistema de financiación. En este sentido, ha recordado que existe unanimidad en consideraciones básicas, ya que el conjunto de las comunidades no recibe los recursos suficientes y unas regiones están siendo "francamente perjudicadas" por un reparto que no es equitativo y que afecta a la calidad de vida de los ciudadanos.
Según ha denunciado, la diferencia de ingresos entre la comunidad que más recibe y la que menos "se ha estirado desde los 489 euros del año 2009 a los 818 euros". Por ello, ha criticado que el sistema vigente es "insuficiente, desequilibrado, vertical y horizontalmente, opaco, desleal y complejo".
Montero ha lamentado el "trato desigual e injustificado, que no es equitativo para la ciudadanía, ya que en pone manos de unas comunidades más dinero para hacer frente a unas mismas necesidades de gasto". "No se trataría de repartir los recursos disponibles, sino una vez decidido el modelo de sociedad al que aspiramos, debemos allegar los recursos financieros necesarios para llevarlo a cabo, y posteriormente repartirlo entre las Administraciones responsables de conseguirlo".
La consejera ha apuntado a la necesidad de corregir de "forma inmediata" el principal "hecho limitativo" del modelo actual que permite la preeminencia de unos territorios sobre otros. Según este sistema, las comunidades que más ingresan quedan después del reparto de recursos en la misma situación de partida, "ordenadas al principio y al final en función de su capacidad de recaudar impuestos". "Esto significa, claramente, bloquear la posibilidad de converger".
No obstante, para evitar trastornos para las Administraciones implicadas que podrían afectar a la ciudadanía, ha rechazado una corrección inmediata y ha abogado por un periodo de implantación de dos o tres años "que diluyan sus distorsiones, pero pongan solución a la actual limitación del modelo".
COMPETENCIAS TRANSFERIDAS
Montero también se ha referido a la necesidad de definir "hasta dónde debe llegar la financiación" y ha rechazado el diseño actual que "solo pretende asegurar la financiación de los servicios públicos fundamentales, educación y sanidad, sin que ni siquiera lo haya conseguido". "Desde de Andalucía debemos reclamar un modelo que financie por igual todas las competencias transferidas", ha explicado.
En este punto, la consejera ha recordado que en 2018, Andalucía tendrá un déficit de financiación de los servicios sociales de casi 2.200 millones de euros, que deberá soportar "a pulmón" la comunidad detrayéndolos de otras políticas, cuando estos servicios "tendrían que estar cubiertos completamente por los recursos del sistema de financiación autonómica".
FONDO DE SOSTENIBILIDAD
La consejera también se ha referido a la importancia del cálculo de la población ajustada como variable para determinar los recursos financieros que se destinan a cada comunidad, un asunto que considera "vital" ya que es responsable en gran parte de la infrafinanciación de Andalucía, al dejar fuera del sistema en la actualidad a 220.000 andaluces que no son reconocidos. Por ello, ha señalado indicadores relevantes para el cómputo vinculados no solo a factores físicos sino también a variables socioeconómicas que pueden ser más determinantes de las necesidades de gasto de una población.
Respecto a la financiación de los servicios, Montero ha reiterado la necesidad de crear un fondo de reserva, "una hucha", que en épocas de bonanza sea nutrido con el exceso de ingresos, tanto estatales como autonómicos, y que permita en las coyunturas desfavorables, cuando los ingresos públicos caen, contar con los recursos suficientes para sufragar los gastos autonómicos relativos al Estado de Bienestar.
GRUPOS
Por su parte, el diputado del PP-A José Antonio Miranda ha cuestionado a la consejera sobre si hay que decidir el modelo de estado de bienestar y luego arbitrar un sistema fiscal que recaude los recursos o, si por el contrario, primero hay que ver la capacidad de recaudación de la economía española y después debatir sobre qué estado de bienestar se puede permitir.
Del mismo modo, ha preguntado si la Administración debe recaudar los millones que faltan para garantizar los servicios públicos o "realizar una reasignación del gasto". Por último, ha alertado del "peligro" que puede conllevar establecer una cartera estándar de servicios públicos para toda España y, "luego, que cada comunidad mejore estos mediante la recaudación de impuestos".
Por su parte, la diputada de Podemos Mari Carmen Lizárraga ha instado a orientar este debate sobre financiación autonómica en un debate "más global que incluya el modelo de estado y territorial" y ha apuntado que son 30.000 millones los que faltan en el fondo de garantías para dar respuesta a los servicios públicos dentro del modelo de financiación autonómica.
Por último, ha pedido la derogación de la normativa que somete a la regla de gasto y a la austeridad porque "merma la autonomía y la capacidad política, fiscal y financiera".
Por su parte, la diputada de Ciudadanos Marta Bosquet ha apoyado una armonización fiscal para que no haya comunidades de "primera, segunda y tercera" y ha cuestionado la validez de este debate si "luego el Gobierno central no quiere abrir este melón".
Bosquet también ha apoyado la igualdad de todos los españoles en el acceso a los servicios públicos y ha instado a conseguir una corresponsabilidad fiscal entre la Administración General del Estado y las comunidades. Por último, ha defendido la integración de los regímenes forales de País Vasco y Navarra en el régimen común y apoyar la lucha contra el fraude fiscal.
Por su parte, el diputado de IULV-CA Antonio Maíllo ha coincidido en que el grupo de trabajo de financiación autonómica es "fundamental" para conseguir un punto de partida en Andalucía y asimismo ha destacado que este debate "no puede ser ajeno al debate territorial".
Maíllo también ha llamado la atención sobre la unión del sistema fiscal con el modelo de financiación, teniendo en cuenta el nivel de fraude fiscal en España. Además ha calificado como "voluntarismo" pensar que se va a cumplir el calendario para incorporar un nuevo sistema de financiación autonómico.
