SEVILLA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha reclamado que la nueva Política Agraria Común (PAC) que irá más allá de 2020 asegure la incorporación de los jóvenes al campo e incluya la perspectiva de género como una política "transversal" porque "si la mujer no está en el campo, este dejará de existir". "La mujer tiene que estar en la toma de decisiones", ha alertado.
En una entrevista concedida a Europa Press, el consejero ha insistido en que "no puede volver a pasar lo que ocurrió en el anterior debate nacional" de la PAC, cuya consecuencia fue que "Andalucía perdió 1.052 millones de euros". Así, ha llamado a rechazar que se otorgue un menor presupuesto a esta política, pero se pidan "más objetivos, en especial de carácter ambiental y de lucha contra el cambio climático, y más controlados".
Sánchez Haro ha alertado de que el recorte del 16 por ciento a la asignación de la PAC que propone la Comisión Europea (un 12% menos en las ayudas directas y un 26% menos en los fondos de desarrollo rural) "sólo traerá consigo mayor precariedad de la renta y el empleo agrarios y abandono de la actividad y despoblación del medio rural".
"Los agricultores, los ganaderos y profesionales andaluces deben contar con un presupuesto justo, digno y a la altura de las necesidades y características de nuestra agricultura", ha subrayado el consejero, quien ha apuntado que si Europa quiere destinar recursos a nuevas políticas, como las de inmigración, "habrá que implementar nuevos recursos y los Estados deberán hacer aportaciones".
La estructura de la PAC, a juicio del consejero, debe seguir dividida en dos pilares y garantizar, "por encima de todo", la renta de los agricultores y ganaderos y, con ello, la viabilidad económica de las explotaciones agrarias y el futuro de la agroindustria.
Además, se ha opuesto a la renacionalización de las ayudas directas, "porque la cofinanciación pondría en peligro el mercado único", y ha sostenido que, además de apoyar los fondos operativos de las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH), han de destinarse a los agricultores que viven en exclusiva del campo, pero también a aquellas explotaciones familiares y pequeños agricultores pluriactivos que complementan sus rentas con otras actividades como el pequeño comercio o el turismo rural. Esto es, ha finalizado, "lo que les permite quedarse en el medio rural".
TOPE MÁXIMO DE AYUDAS
El responsable del Gobierno andaluz, por otro lado, comparte el enfoque comunitario de distribuir las ayudas directas mediante un tope máximo por explotación (capping), en la medida en que es "absolutamente imperativo" aumentar lo que llega a la inmensa mayoría de agricultores.
"No es de recibo que 171.000 personas, el 80 por ciento de los beneficiarios, solo reciban el 20 por ciento de las ayudas (274 millones de euros al año), mientras una minoría de 3.000 perceptores, el 1,25 por ciento, se embolsa el 27 por ciento de los fondos (370 millones de euros)", ha detallado.
En la misma línea, Sánchez Haro aboga por la reducción de la ayuda por hectárea a partir de una determinada superficie (degresividad), pero con una cláusula "vital": que el ahorro de esta modulación se quede en Andalucía en forma de pagos complementarios a las primeras hectáreas (pago redistributivo) y para jóvenes y mujeres. Asimismo, ha apuntado que los sectores agrícolas y ganaderos más vulnerables y de importancia social, económica y ambiental "deben contar con pagos asociados que permitan el mantenimiento de la actividad".
En cuanto al medio ambiente, la futura PAC, desde la óptica de Rodrigo Sánchez, debe fomentar la contribución de la agricultura a la mitigación y adaptación al cambio climático. "Ha de incluir entre sus principales objetivos uno de los problemas que afectan al sur de Europa", en alusión a la desertificación y la erosión, y "reconocer el esfuerzo adicional de las regiones especialmente vulnerables como Andalucía.
Otro aspecto en el que ha incidido el titular de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha sido el regadío y la necesidad de garantizar la seguridad hídrica en Andalucía. Apuesta por inversiones para ganar más eficiencia en el uso de los recursos (agua y energía), insistir en los trasvases mientras no haya otra alternativa, ejecutar las infraestructuras hidráulicas pendientes y aprovechar fuentes no convencionales como las aguas desaladas y regeneradas.
