SEVILLA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -
La comisión de seguimiento y control del acuerdo para la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación de la Administración andaluza se constituirá la semana próxima con 16 miembros pertenecientes a la Junta de Andalucia, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y los sindicatos CCOO-A y UGT-A.
Así lo ha anunciado en comisión parlamentaria la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, quien ha precisado que la comisión que se creará la semana próxima será paritaria.
Estará formada por ocho miembros de la Junta, cuatro de la patronal andaluza, dos de UGT y dos de CCOO.
En octubre de 2016 la presidenta de la Junta, Susana Díaz, presidía la firma de este acuerdo en el Palacio de San Telmo, en un acto presidido por Susana Díaz, por la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero; el secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero; la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara.
El documento firmado se aprobó posteriormente en Consejo de Gobierno.
El 23 de diciembre de 2015, la presidenta anunció en el Pleno del Parlamento que todas las contrataciones administrativas de la Junta iban a tener cláusulas sociales, medioambientales, de género y de protección de menores, como se comprometió en el debate de investidura.
Este acuerdo, tras ser firmado, será trasladado a la Mesa del Tercer Sector, coordinada por la Consejería de Igualdad. El acuerdo es transposición de directivas europeas, algo que la Junta efectúa, ya que no lo ha hecho el Gobierno.
Este acuerdo contempla cláusulas de obligado cumplimiento y otras que son sugerencias y recomendaciones. Incluye además una comisión de seguimiento, destacada por todos que servirá para "garantizar" y evaluar su cumplimiento. Todos los agentes, Administración y agentes sociales, han reconocido que la negociación "ha sido dura, complicada y difícil".
El acuerdo contempla que la Junta y entes instrumentales incorporarán cláusulas sociales y medioambientales en los contratos públicos, para consolidar un tejido empresarial sostenible, mejorar las condiciones de las personas que trabajan en empresas que contratan con la Junta, así como promover la inserción laboral de personas con más dificultades de acceso al empleo. Asimismo, se valorará a las empresas comprometidas con la calidad del empleo, la igualdad de oportunidades y el medioambiente.
MEDIDAS OBLIGATORIAS
La Consejería de Hacienda y Administración Pública ha elaborado una guía en la que se recogen estipulaciones que deberán ser incluidas obligatoriamente en los pliegos de cláusulas administrativas que rigen las contrataciones, así como recomendaciones que facilitarán la toma de decisiones de los órganos de contratación en las fases de procedimiento, desde presentación de ofertas, hasta adjudicación y ejecución.
Entre las medidas obligatorias, se establece la prohibición de contratar con la Junta para empresas que incumplen la legislación ambiental o sancionadas por infracción muy grave en materia social. De esta forma, quedarían excluidas licitadoras de más de 50 empleados en cuya plantilla no haya al menos un dos por ciento de discapacitados.
También se incluyen criterios de transparencia fiscal, exigiéndose a las empresas la declaración íntegra de sus ingresos y beneficios y la tributación, prohibiéndose el uso de domicilios en paraísos fiscales.
En los contratos de obras, con carácter previo a la ejecución del proyecto, habrá de elaborarse un plan de seguridad en el trabajo.
RECOMENDACIONES
La guía también recoge recomendaciones que no son obligatorias para las empresas pero que se valorarán en las contrataciones públicas. Así, la definición del objeto de los contratos deberá describir el valor social que incorpora. Además, en los pliegos de prescripciones técnicas se definirán criterios de sostenibilidad y protección ambiental.
Además, en las adjudicaciones de contratos se valorarán aspectos de calidad en el empleo, como formación, conciliación familiar o proyectos sociales que financia. También se tendrán en cuenta los nuevos contratos o la conversión de contratos temporales en indefinidos.
La aplicación de estas medidas dará más puntos en los órganos de contratación y las empresas más comprometidas tendrán mayores posibilidades de que se les adjudiquen contratos de la Junta.
