SEVILLA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Consejo Andaluz de Consumo (CAC) se ha reunido esta semana en Sevilla para analizar las actuaciones desarrolladas para la protección de las personas consumidoras y usuarias, así como para debatir sobre nuevas medidas a poner en marcha.
La reunión ha estado presidida por la directora general de Consumo y presidenta del CAC, Isabel Niñoles, y ha convocado a los representantes de todos los organismos y entidades que integran este órgano de composición tripartita, que son la Junta de Andalucía como administración autonómica, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) en representación de la Administración Local, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) como representante del tejido empresarial, así como las organizaciones de personas consumidoras y usuarias de Andalucía Facua, Al Andalus, UCA-UCE y Adicae, según informa la Consejería de Salud en una nota.
En la reunión se ha hecho balance de las actuaciones realizadas por el Consejo durante los últimos meses, tras la reorganización de los órganos sectoriales y grupos de trabajo en los que se desarrolla la actividad del CAC, que se formalizó el pasado mes de junio.
Según explica la Junta, esta reorganización se llevó a cabo con el objetivo de "racionalizar el funcionamiento del Consejo y de dar una mejor respuesta a las necesidades de las personas consumidoras y usuarias, eliminando algunos órganos sectoriales y grupos de trabajo que habían visto reducida su actividad, y creando otros nuevos para dar cobertura a temas que acumulan actualmente un mayor número de reclamaciones y denuncias en materia de consumo, como son el sector de los servicios financieros, las telecomunicaciones y el ciclo integral del agua".
Por otra parte, en la reunión se han valorado por los miembros del Consejo las memorias de algunas de las campañas realizadas en el marco del Plan de Inspección de Consumo del año 2016. Como resultado de estas campañas, se levantaron un total de 20.132 actas de inspección, de las que el 12,35 por ciento son positivas, es decir, que han detectado algún tipo de irregularidad o incumplimiento de la normativa. Son cuatro puntos menos que el año anterior, cuando resultaron positivas el 16,58 por ciento del total de actas de inspección.
Además, a lo largo del año 2016 se resolvieron 2.826 expedientes sancionadores --derivados de actuaciones desarrolladas tanto en 2016 como en años anteriores-- por un montante total de 13 millones de euros.
Durante la reunión, se ha informado a los miembros del Consejo sobre el desarrollo y estado de los trabajos para la elaboración del Plan Estratégico de Consumo de Andalucía, que tiene como objetivo "establecer las líneas estratégicas que marcarán el impulso de las políticas de consumo en la comunidad", así como definir y programar las actuaciones a desarrollar durante los próximos años.
El documento se está desarrollando en cooperación con la administración pública local y en alianza con el ámbito asociativo y empresarial, con el objeto de integrar las aportaciones de los diferentes agentes implicados en la protección de los derechos de las personas consumidoras en la comunidad autónoma, según apunta la Junta.
Por otra parte, se ha informado sobre la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el pasado mes de octubre, en respuesta a un recurso presentado por la Junta de Andalucía, en la que establece que la Administración tiene potestad para sancionar la utilización de cláusulas abusivas en los contratos con personas consumidoras y usuarias sin necesidad de que dichas cláusulas hayan sido previamente declaradas abusivas por el poder judicial.
Además, durante el encuentro se ha informado a los miembros del Consejo sobre los presupuestos en materia de consumo para el ejercicio 2018, así como sobre la previsión de realización de actuaciones formativas durante el próximo año.
Por último, se ha realizado una valoración del V Encuentro de Juntas Arbitrales de Consumo de Andalucía, que se celebró en Granada el pasado 24 de noviembre, y en el que se dieron cita más de 80 profesionales del sector para debatir sobre el presente y futuro de este servicio público que se pone a disposición de la ciudadanía para resolver los conflictos en materia de consumo "de una manera eficaz, sencilla, gratuita, rápida, voluntaria y de calidad, con efectos vinculantes y ejecutivos".
El Consejo Andaluz de Consumo es un órgano colegiado, de carácter especializado y funcionamiento democrático, cuyo objetivo es defender los intereses de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía, promoviendo la mediación en los conflictos con las empresas.
El órgano está representado en todas las provincias andaluzas a través de los Consejos Provinciales de Consumo, que son los encargados de ejercitar las funciones atribuidas al Consejo Andaluz en aquellas materias que afecten a los derechos e intereses de los consumidores y usuarios y que se circunscriban al ámbito provincial.
