Junta de Andalucía fomenta el alquiler de viviendas vacías reforzando las garantías para propietarios y residentes

Publicado 17/07/2018 10:30:47CET

SEVILLA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento y Vivienda ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la orden que regula el Programa de Intermediación en el Mercado del Alquiler de Viviendas (PIMA) y el Programa de Cesión de Viviendas para el Alquiler a Entes Públicos, herramientas destinadas a incentivar que las personas propietarias de inmuebles vacíos los alquilen a través de la concesión de pólizas de
seguros que den cobertura a los contratos de arrendamiento que se concierten dentro de dichos programas.

Esta orden introduce cambios respecto a las personas y entidades que podrán ser agentes colaboradores para estimular la salida en arrendamiento de las casas deshabitadas, adecuándose a la Ley 1/2018 de Tanteo y Retracto en Desahucios de Viviendas en cuanto lo recogido en dicha norma respecto al registro administrativo de intermediarios inmobiliarios, aunque hasta su creación podrán seguir operando como
entidades colaboradoras las antiguas Agencias de Fomento del Alquiler (AFAs).

Entre las medidas de incentivo para personas físicas, la Consejería de Fomento y Vivienda concederá ayudas para que se concierten las pólizas de seguros de impago de renta y de defensa jurídica, así como multirriesgo del hogar, cuyas beneficiarias y aseguradas serán las personas arrendadoras de los contratos incluidos en dichos programas.

Las pólizas asegurarán, como mínimo durante un año, el cobro de posibles impago de la renta de hasta 9 mensualidades y la defensa jurídica en los conflictos relacionados con el alquiler. Se facilitará además un seguro multirriesgo del hogar por un año, cuyos capitales asegurados serán, como mínimo, de un continente de 50.000 euros y de 10.000 euros de contenido, con una cobertura de responsabilidad civil de
hasta 150.000 euros.

Para poder optar a las pólizas de seguro, será necesaria la suscripción de un contrato de arrendamiento con inquilinos procedentes del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida.
En el caso del PIMA, la persona interesada en beneficiarse de las medidas promovidas por la Consejería deberá registrar la propiedad siempre que la casa esté deshabitada, disponga de referencia catastral y se oferte por una renta inicial de alquiler no superior a 500 euros mensuales.

La vivienda deberá contar con el certificado de eficiencia energética que establece el Real Decreto 235/2013 y, en caso
contrario, la Consejería asumirá la emisión de dicho certificado. No podrán incluirse las viviendas protegidas calificadas para alquiler. Una vez les sea asignada una vivienda, se les dará de baja del programa, si bien seguirán formando parte del Registro de Demandantes de Vivienda. La Consejería de Fomento y Vivienda elimina los costes de intermediación para los arrendatarios.

FAMILIAS CON ESCASOS RECURSOS

La orden regula el nuevo Programa de Cesión de Viviendas a Entes Públicos para el Alquiler, cuyo objetivo es captar inmuebles deshabitados para incrementar el parque público de viviendas en arrendamiento a personas con escasos recursos económicos, especialmente para aquellas familias que se encuentren en situación de emergencia o
riesgo de exclusión social.

La cesión por parte del propietario se llevará a cabo a través de un contrato o convenio, donde se pactarán los términos y plazos en los que se desarrollará la gestión del inmueble, su mantenimiento, conservación y reparación de desperfectos, así como aseguramiento del cobro de la renta, en su caso. Las personas que cedan sus viviendas podrán recibir como contraprestación, como máximo, 5.760 euros anuales.