SEVILLA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha dado este martes traslado al Consejo de Gobierno andaluz del informe sobre el proyecto de explotación y almacenamiento de Gas Natural en Doñana remitido al Gobierno de España para su envío a la Comisión Europea (CE), avisando en este sentido de que el Ejecutivo autonómico emprenderá "cualquier acción" que esté en su mano y "con visos de prosperar jurídicamente" para paralizar el proyecto.
En rueda de prensa posterior al Consejo, Fiscal ha explicado que la iniciativa, adoptada en el marco del procedimiento informativo abierto por la Unión Europea (UE), se ha remitido al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación en tanto que interlocutor válido con Europa. El informe de su departamento se completa con datos de la situación actual del proyecto, la intervención de la Junta y los recursos administrativos y judiciales en curso.
Como conclusiones, el dossier apunta que existen elementos que presentan "incompatibilidad" con la normativa de nuevas conducciones respecto a zonas de protección grado A, así como "contradicción" con las características y necesidades de un espacio como Doñana. "Está establecido que las decisiones deben tomarse orientadas por el principio de cautela, y aquí hay de todo menos cautela", ha manifestado Fiscal.
El objetivo de la administración regional, "claro e inequívoco", es el de lograr la evaluación conjunta del proyecto, con ayuda de las autoridades comunitarias, que la Junta pretende ejerza una labor de presión sobre el Estado. Para ello, Fiscal ha llegado a aludir al "paralelismo" que, salvando las distancias, puede existir entre este proyecto y el del Castor, finalmente desestimado por los riesgos sísmicos y con una indemnización "millonaria" por parte del Gobierno central a la empresa.
"Discrepamos con la artificiosa división del proyecto en cuatro partes, con el beneplácito del Gobierno", ha recordado el titular autonómico de Medio Ambiente, recordando al respecto que, cuando la legislación lo ha permitido, la Consejería ha "frenado" que la iniciativa siga adelante, dando sólo la autorización que le compete a la parte que está fuera del espacio natural y que, según la propia empresa, "por sí sola tiene difíciles visos de responder a las expectativas".
Para Fiscal, "es nuestra obligación mantener esta lucha". Para ello, el consejero se reunió en Bruselas el pasado mes de enero con el comisario europeo de Medio Ambiente, Karmenu Vella, con intención de pedir la ayuda de la UE para que exija al Gobierno de España, competente en materia de hidrocarburos, que haga una evaluación conjunta y no "pieza a pieza".
"MUY PENDIENTES" DE QUE NO HAYA DEMORA
Ahora, el mandatario autonómico insta al Ministerio a que remita dicha información a Europa y asegura que "estaremos muy pendientes de que no se demoren y mantenemos contactos directos para que este asunto siga contando con atención prioritaria".
Los cuatro proyectos de instalaciones de almacenamiento de gas en la zona --denominados Saladillo, Marisma Occidental, Marisma Oriental y Aznalcázar-- cuentan con otras tantas declaraciones de impacto ambiental favorables emitidas por la administración central en el ejercicio de sus atribuciones.
En el ámbito competencial autonómico, la Junta emitió Autorización Ambiental Unificada (AAU) desfavorable en el caso de Marisma Oriental, por su afección negativa al Espacio Natural de Doñana, mientras que Aznalcázar y Marismas Occidental sí contaron con autorizaciones expresas favorables. Esta última, referida a una instalación fuera del espacio protegido, fue sometida al criterio del Consejo de Participación de Doñana que informó favorablemente al considerar que las condiciones impuestas por la Junta eran lo suficientemente rigurosas.
Respecto a Saladillo, el proyecto cuenta con una autorización anterior a la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. En cualquier caso, la Junta exige la adecuación a los nuevos instrumentos de planificación de Doñana aprobados en agosto de 2016, que extreman la conservación de esta zona en toda su extensión y que prohíben expresamente la acumulación y el enterramiento de materias primas, productos y residuos sólidos, líquidos y gaseosos.
"Exigimos al Gobierno que oiga el clamor que existe en Andalucía: todos los partidos políticos a excepción del PP, todos los ayuntamientos del entorno de Doñana y un sinfín de asociaciones ciudadanas piden la evaluación conjunta para conocer con exactitud la afección", ha apostillado el consejero, que recuerda que el "acelerón" en la iniciativa ha venido propiciada por un Ejecutivo del PP, incluyendo la consideración del proyecto como de Interés Público.
