SEVILLA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha solicitado al Ayuntamiento de Sevilla que acuerde aplicar una bonificación del 95 por ciento en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de aquellas viviendas que son titularidad de la Junta y que están arrendadas a las 3.329 familias sevillanas con necesidades habitacionales y escasos recursos, lo que les impide acceder al mercado inmobiliario privado.
En un comunicado, la Junta ha precisado que, en la ciudad de Sevilla, gestiona a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) un parque residencial en alquiler de 3.329 inmuebles, por lo que la medida solicitada por la citada Consejería repercutirá "directamente" en las economías de estas familias inquilinas.
En este sentido, la Consejería ha indicado que la obligación de pago al Ayuntamiento en concepto de IBI pasaría de una media de 199 euros anuales por vivienda a 9,95 euros anuales, con un ahorro medio, por tanto, de 189 euros. Actualmente este impuesto supone una carga de 662.471 euros, que AVRA abona y posteriormente repercute después en el recibo de sus inquilinos, en cumplimiento de la normativa vigente.
La solicitud de bonificación del IBI se produce después de que el pasado 30 de diciembre el Ayuntamiento aprobara en Pleno la ordenanza fiscal de medidas de solidaridad social, impulso a la actividad económica y fomento del empleo, según la cual podrá ser declarada actividad de especial interés o utilidad pública el arrendamiento de viviendas protegidas de empresas de titularidad pública, las cuales tendrán derecho a bonificación del 95 por ciento del IBI.
Para acceder a esa compensación, la ordenanza establecía un plazo de solicitud de declaración de especial interés para esta actividad hasta el 31 de enero pasado. AVRA presentó el pasado 15 de enero la solicitud, que deberá ser aprobada ahora por el Pleno Municipal.
La medida no sólo redundará en las economías de las familias que habitan en las viviendas del parque público de la Junta de Andalucía, sino que también permitirá a la Consejería disponer de más recursos para "mejorar y rehabilitar ese patrimonio residencial", ya que la Agencia "está obligada a utilizar los recursos económicos generados por estos inmuebles que gestiona para sufragar los gastos de administración, conservación y reparación de sus edificios", según explica la Junta.
Asimismo, se refuerza la función social de la vivienda pública, garantizando además unas condiciones dignas a las familias a las que está destinado este parque residencial, y las actuaciones que puedan realizarse con esos presupuestos tendrán "una incidencia directa" en la economía del municipio y generarán empleo en uno de los sectores, el de la construcción, "más castigados durante el período de crisis".
