Reclaman durante la Conferencia Sectorial de Igualdad que el Gobierno central en funciones impulse dicho pacto "sin dilaciones"
SEVILLA, 3 May. (EUROPA PRESS) -
Varias comunidades autónomas, entre ellas Extremadura, Canarias, Asturias y la Comunidad Valenciana, se han adherido a la propuesta de Andalucía de Pacto de Estado para la Erradicación de la Violencia de Género, y han reclamado al Gobierno central en funciones que impulse dicho pacto nacional "sin esperas ni dilaciones", ya que la violencia de género es un problema social "que no entiende de partidos ni elecciones, que tiene su base en el machismo y la desigualdad de género estructural y que afecta a toda la sociedad". Así lo ha recordado la propia Junta de Andalucía durante la Conferencia Sectorial de Igualdad, un encuentro del Gobierno central con las comunidades en el que Andalucía ha contado con el apoyo de otras autonomías.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el pasado mes de noviembre una propuesta de Pacto de Estado, ante "el constante goteo de asesinatos, la falta de reacción por parte del Gobierno central y los recortes estatales de la última legislatura en materia de igualdad de género y prevención de la violencia machista". Un documento, se recuerda en una nota de prensa, que invita a todas las instituciones y a la ciudadanía a adherirse y actuar de manera conjunta, "sin debates obsoletos", ya que la violencia de género es una lacra reconocida por la ONU como la mayor vulneración de los derechos humanos de las mujeres.
La propuesta andaluza plantea, entre otras medidas urgentes, la suspensión del régimen de visitas a los hijos para las personas denunciadas o condenadas por maltrato; la reposición del presupuesto estatal en prevención y asistencia social, recortado durante los últimos cuatro años un 17 por ciento; el mantenimiento de la red de atención directa en todos los niveles territoriales; y la reactivación inmediata de la actividad del Instituto de la Mujer estatal. La Junta también propone el restablecimiento de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y la inclusión en las estadísticas oficiales de las víctimas indirectas (familiares, amistades y entorno más íntimo de las mujeres) para conocer el alcance real de esta lacra.
En el ámbito de la sensibilización, investigación y prevención, el texto incide en el fomento de una red de colaboración ciudadana con especial implicación de los medios de comunicación y del sector publicitario. Asimismo, plantea la necesidad de profundizar en el conocimiento de esta violencia y en la integración de la perspectiva de género en todas las etapas académicas, con el fin de revertir los estereotipos sexistas y violentos, así como una formación especializada a los profesionales de la educación, la justicia, la seguridad, la salud y la comunicación.
En cuanto a la atención integral a las víctimas, se propone establecer protocolos de intervención específicos y, en materia institucional, profundizar en la cooperación de las administraciones autonómica, estatal y local; introducir la participación de asociaciones; promover protocolos y planes estratégicos, y crear una comisión de seguimiento que vele por el cumplimiento de objetivos.
