La iniciativa de PNV para derogar prisión permanente revisable sigue su curso tras rechazarse enmiendas de PP y Cs

Foto de archivo de Aitor Esteban en el Congreso
Europa Press - Archivo
Publicado 15/03/2018 18:55:18CET

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa del PNV para derogar la prisión permanente revisable seguirá su curso en el Congreso de los Diputados tras rechazarse este jueves en el Pleno las enmiendas de totalidad del PP y de Ciudadanos que pretendían mantener esta máxima pena que instauró el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015, cuando tenía mayoría absoluta.

En la votación, los textos alternativos del PP y de Ciudadanos han sido rechazados por 178 diputados de PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV, PDeCAT, Compromís, Bildu y Nueva Canarias, mientras que la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha optado por abstenerse.

El PP y Ciudadanos, que defendían textos diferentes --el Grupo Popular proponía ampliar los supuestos de aplicación de la prisión permanente y Ciudadanos abogaba por limitar el acceso a los beneficios penitenciarios-, se han apoyado entre sí, pero sólo han sumado a UPN y Foro Asturias, los socios electorales del PP, con lo que han sido derrotados.

EN OCTUBRE CIUDADANOS SE ABSTUVO

La proposición de ley del PNV supera así su segundo debate de totalidad en el Pleno del Congreso. El primero tuvo lugar en octubre del pasado año, en su toma en consideración, donde doblegó el rechazo del PP con los votos de los mismos partidos que este jueves, más la abstención de Ciudadanos.

Este segundo debate ha sido seguido, en la tribuna de invitados, por los padres de Diana Quer y de la niña Mari Luz Cortés, la tía de Yeremi Vargas, la presidenta de la Asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella Ruíz, así como los familiares del cámara José Couso o los padres de Marta del Castillo y Sandra Palo.

En su reunión del próximo martes, la Mesa del Congreso deberá decidir si se siguen ampliando los plazos de enmiendas al articulado de la iniciativa del PNV. En principio, los principales grupos aseguran ser partidarios de no acelerar la tramitación hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional, donde en 2015 recurrió el PSOE y buena parte de la oposición.