UPyD pide la destitución de Uriarte por los "innumerables errores, contradicciones y mentiras" detectados en este caso
VITORIA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Educación del Gobierno vasco, Cristina Uriarte, ha defendido este viernes que "en ningún caso ha habido ninguna situación de riesgo para los menores" en el caso de los presuntos abusos sexuales por parte de un profesor de infantil a varios niños en Vitoria, y ha recordado que el docente denunciado "fue investigado y su caso cerrado" en 2013, y que en los casos en los que ahora está siendo investigado, "no existen indicios ni prueba alguna" de comportamiento "incorrecto o delictivo" por su parte.
Uriarte ha realizado estas declaraciones en el pleno de control al Gobierno vasco que se está celebrando en el Parlamento, en respuesta a la pregunta e interpelación formulada por el parlamentario del PP Iñaki Oyarzabal y por el representante de UPyD, Gorka Maneiro, sobre la investigación abierta por la Fiscalía de Álava para determinar si un profesor sustituto del ciclo de Infantil podría haber abusado presuntamente de varios niños de entre tres y cinco años en diferentes centros de enseñanza de Vitoria. El docente ya fue investigado por otra denuncia presentada por el padre de una niña de tres años y que se archivó en 2013.
La titular de Educación ha insistido en que el profesor denunciado "fue investigado y su caso cerrado", mientras que en los casos en los que ahora está siendo investigado, "no tenemos indicios que indiquen nada contra este profesor" y ha recordado que "no se encuentra imputado, por lo que está en posesión de todos sus derechos". "No obstante, si surgiera algún indicio o prueba de delito, será la Justicia la que tenga que decir algo al respecto", ha recordado.
Asimismo, ha explicado que la manera de proceder del departamento "por mínima que sea" comienza por "proteger en primer lugar al menor, al resto de niños y preservar la presunción de inocencia del profesor/a presuntamente implicado". "A pesar del seguimiento realizado por el departamento, los servicios del Ayuntamiento y por la Fiscalía, a día de hoy el profesor no está imputado puesto que no existen pruebas de ello", ha indicado.
No obstante, ha reconocido que para el Gobierno es una "incógnita" la investigación del fiscal pero ha destacado que "la Fiscalía tampoco ha visto la necesidad de tomar medidas cautelares porque no existen pruebas para ello".
Uriarte ha subrayado que "desde el primer momento", en el año 2013, cuando se denunció el primer caso, "el Departamento de Educación ha actuado y no ha dejado de actuar" porque, a pesar de no contar con un protocolo, existe un procedimiento "sistematizado" que el Gobierno pone en marcha cuando se informa o detectan estos pasos que consiste en una vigilancia "cercana" en coordinación con la dirección del centro, pero "discreta" atendiendo de esta forma a la "presunción de inocencia del profesor y en el caso de que exista el delito, que el autor no advierta que se le está vigilando".
Tras insistir en que el profesor está "en plenitud de sus derechos", ha explicado que "por precaución, responsabilidad y ofrecer las máximas garantías" el gobierno mantuvo la vigilancia sobre el docente desde marzo de 2013 hasta la actualidad, a pesar de que se hubiera archivado el caso. "En todo este tiempo, no ha habido indicio alguno de comportamiento incorrecto, ni mucho menos delictivo, por su parte", ha insistido.
Ante las informaciones que apuntan a que la dirección del centro en el que trabajaba en la actualidad no conociera esta vigilancia, Uriarte ha explicado que el inspector acudió en septiembre al centro para realizar un "análisis y estudio", ubicando al profesor en el centro, visita en la que "se pudo certificar que la situación era absolutamente normalizada" y se constató en que estaría acompañado durante todo el curso por una auxiliar que atiende las necesidades educativas especiales del aula, "lo que otorgaba una mayor seguridad y garantía".
No obstante, ha explicado que al tener una nueva dirección, la inspección de Educación decidió realizar este seguimiento "sin necesidad de implicar de manera inmediata a la recién estrenada dirección del centro, para darles tiempo a hacerse con las nuevas responsabilidades, antes de informarles de la situación".
Asimismo, ha señalado que el padre de la niña de tres años que denunció los primeros abusos en 2013 "no informó al centro, sino que el Gobierno vasco se "enteró por fuera" y ha asegurado que la familia ha estado "debidamente atendida" mediante contacto telefónico continuado y con reuniones tanto con el centro como con el departamento de Educación. "También ha habido atención psicológica y seguimiento cercano a la niña y se les ofreció un cambio de centro, a elegir entre siete disponibles", ha explicado.
UNA "CASUALIDAD"
También ha lamentado que esta niña haya coincidido este año con el docente, a pesar de que cambió de centro escolar y ha explicado ha sido la "casualidad" la que ha hecho que coincidieran, ya que el docente solicitó una plaza en Vitoria, no un centro en concreto. "La única manera en la que hubiéramos podido evitar esa circunstancia, habría sido actuando al margen de la norma", ha indicado antes de volver a recordar que no está imputado.
Asimismo, ha pedido que en este tema "tan delicado y sensible" se actúe con "el máximo respeto, discreción y prudencia", asegurando que "en ningún caso ha habido ninguna situación de riesgo para los menores" y ha señalado su departamento "ha actuado y actúa siempre que tiene la más mínima sospecha de que algún menor puede estar viviendo alguna situación de riesgo para su integridad física, psíquica o moral".
Respecto a los nuevos presuntos casos, ha explicado que en uno de ellos, el centro en el que estuvo trabajando avisó al Ayuntamiento de que es "imposible" que el profesor investigado pueda tener relación con los problemas de conducta del menor porque estos habían comenzado dos cursos antes de que el docente llegara al colegio.
La consejera ha defendido que "se ha protegido a los menores y a toda la comunidad educativa" y ha explicado que en las distintas reuniones que han mantenido con el centro en el que trabajaba el profesor cuando se presentó la denuncia y con los otros centros en los que estuvo el docente posteriormente, como con el ayuntamiento de Vitoria y con el Ararteko, el Gobierno vasco ha "colaborado" tanto a la hora de trasladar información, como "estableciendo las medias de seguimiento y vigilancia oportunas".
En este sentido, ha reiterado que desde la Fiscalía de Álava no se comunicó "oficialmente" de la apertura de la investigación y del traslado de diligencias al juzgado y ha anunciado que va a elaborar un protocolo para estos casos con el objetivo de conseguir la "necesaria coordinación interinstitucional".
ACTUAR DE MANERA PREVENTIVA
El parlamentario del PP Iñaki Oyarzabal, por su parte, ha acusado al Departamento de tratar de manera "fría" a la familia que presentó la denuncia en 2013 porque "estamos en un caso de gravedad" y ha destacado que este caso ha creado una "enorme alarma social" por la "inacción" del Gobierno vasco. Además, ha criticado que no exista un protocolo de actuación para casos de abusos a menores en centros públicos del País vasco.
Por último, el parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, ha afirmado que en este caso ha habido "innumerables errores, contradicciones y mentiras dichas por representantes del gobierno" motivo por el que ha anunciado que va a registrar una moción para que el Parlamento vasco solicite al lehendakari la destitución de la consejera por la "falta de diligencia" mostrada, "actuaciones lamentables y mentiras destapadas durante los últimos días".
