Hay un plazo de diez días para convocar la Mesa del Vino y plasmar por escrito el acuerdo del sector para la campaña de este año
PONTEVEDRA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
A pocos días de que concluya la vendimia y ante la falta de un precio mínimo pactado por todo el sector, el sindicato Unións Agrarias advierte que hará "escrache" contra aquellas bodegas que no respeten los costes de producción en la Denominación de Origen Rías Baixas.
La vendimia de 2014 es la primera en la que se debe aplicar la Ley de mejora de la cadena alimentaria, en vigor desde el pasado 3 de enero, que contempla como obligatorio formalizar contratos por escrito con un productor primario, como es el viticultor, con motivo de la entrega de productos agroalimentarios no transformados, es decir la uva, salvo que éstos se abonen al contado.
El secretario general de Unións Agrarias, Roberto García, ha denunciado este lunes la "complicidad necesaria" de la Xunta "por no velar por el funcionamiento transparente del mercado" ya que a estas alturas "no hay precios, ni contrato, ni tampoco negociación".
Según han trasladado, el secretario xeral de Medio Rural, Tomás Fernández-Couto, y el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, mantuvieron el pasado viernes varias reuniones con los miembros del sector del vino de esta denominación de origen, tanto bodegueros como viticultores, para analizar la situación.
Así, se espera que la vendimia de este año cuente con menor producción que en campañas anteriores, llegando a los 20 millones de kilos. Además, los costes de producción fueron mayores de lo habitual.
"SENSIBLE A ESTA REALIDAD"
Según los responsables autonómicos, "el sector es sensible a esta realidad", dijo Fernández Couto, "por lo que nos alegra que hubiese unanimidad entre los miembros del sector en que el precio de la uva esté, como mínimo, por encima de estos costes de producción".
Por este motivo el sindicato Unións Agrarias, conjuntamente con el resto de organizaciones agrarias, han decidido dar un plazo de diez días para convocar a la Mesa del Vino y plasmar ese compromiso en un acuerdo por escrito en el que se recoja un contrato homologado en el que conste, entre otras cuestiones, el precio de la uva, con expresa indicación de todos los pagos, incluidos los descuentos aplicables.
Al ser la uva destinada a vino un producto de alimentación fresco y perecedero, la ley también incluye que los aplazamientos de pago de la misma no podrán exceder de 30 días a partir de la fecha de la entrega de la mercancía.
De no cumplirse con estos compromisos en este plazo este sindicato lo trasladaría de la Ley a la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente encargado de velar por el cumplimiento de la nueva normativa.
Además, advierten de que pondrán en evidencia mediante escraches, la actitud de aquellas bodegas que compren uva por debajo del precio de producción para revelar al público este comportamiento ilegal y que no pase desapercibido al consumidor. "Es bueno apelar al consumidor porque él es quien tiene la varita mágica, no es el juez sino el comsumidor", ha concluido Roberto García.
