SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
Sindicatos de justicia han manifestado este lunes, ante la decisión de la Xunta de mantener invariable su oferta de subida retributiva, que el Parlamento gallego aprobó por unanimidad una declaración en la que insta a colocar al colectivo "de la mitad para arriba" en la tabla salarial de las comunidades con competencias asumidas.
"Eso es lo que la ciudadanía tiene que saber. Pedimos que se cumpla esa declaración y llegaría un céntimo de cada 100 euros de los presupuestos de la Xunta; eso es lo que nos niega", ha sentenciado Manuel Díaz (UGT), en declaraciones a Europa Press, cuando se cumplen 14 jornadas efectivas de la huelga indefinida que arrancó el 7 de febrero, en relación a unas cuentas gallegas de unos 9.500 millones de euros.
Sin embargo, la Xunta no parece dispuesta a ceder a sus pretensiones y afirma que su última propuesta sigue sobre la mesa (este mismo lunes lo ha reiterado el vicepresidente, Alfonso Rueda). En ella, Rueda ha defendido que se accede "a lo que querían los sindicatos" en las demandas relativas a consolidación de empleo, amortización de plazas y sustitución de compañeros de rango superior.
En cuanto a las bajas por incapacidad temporal (IT) y la discriminación que denuncia el comité de huelga por los descuentos, se compromete a trasladar las condiciones "más ventajosas" que se acuerden en Madrid, para trabajadores de justicia y "el resto de empleados públicos gallegos".
Sobre la oferta económica, se mantiene una subida del complemento autonómico transitorio de entre 816 y 1.080 euros al año (en función del cuerpo --auxilios, tramitadores o gestores--) en dos anualidades (2019 y 2020). La Xunta defiende que este incremento situaría a los funcionarios gallegos "por encima de la media" del conjunto de comunidades.
Enfrente, los sindicatos discrepan de que haya acuerdo en los puntos que señala la Xunta, a la que acusan de "manipular tablas y nóminas", y reivindican una subida lineal de 225 euros al mes a aplicar en tres anualidades desde este año 2018 y para todos los cuerpos. La Xunta sostiene que, la subida de "2.700 euros al año" por trabajador que supondría es "inasumible" para las arcas públicas.
