La opinión del Gobierno --similar a la de Galicia-- es que 2015 "no debería ser una línea roja" para el rendimiento máximo sostenible
SANTIAGO/BRUSELAS, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
España pedirá el lunes que la reforma de la Política Pesquera Común (PPC) se "adapte a la realidad del sector" y prevea apoyos financieros para "minimizar" el daño que los cambios pudieran ocasionar a los pescadores. La comisaria Maria Damanaki, sin embargo, ha dejado claro que quiere acabar con las ayudas a la reestructuración y desguace porque cree que son medidas que han fracasado en el objetivo de reducir la sobrecapacidad de la flota comunitaria.
Los ministros de Pesca de la Unión Europea expondrán en una reunión en Bruselas sus prioridades y exigencias de cara a las negociaciones que encaran este año para reformar la política pesquera, revisar la organización común de mercados pesqueros y crear un fondo de pesca único que aúne todos los instrumentos existentes en la actualidad. Damanaki propone que tal fondo cuente con unos 6.500 millones de euros para el periodo 2014-2020.
Entre las claves de la propuesta de reforma que defiende Bruselas figura el plazo de 2015 como límite para alcanzar el rendimiento máximo sostenible para todos los recursos, acabar con las ayudas específicas para el desguace o reestructuración de la flota y otras ideas como establecer un sistema de derechos transferibles de pesca del que quedaría liberada la pesca artesanal y costera.
España, que representa al 30 por ciento del sector en la UE, coincide con la comisaria en planteamientos clave de la reforma como alcanzar el rendimiento máximo sostenible y la prohibición de los descartes --pesca accesoria que es devuelta al mar--, pero no ve con buenos ojos el calendario de Damanaki para conseguirlo, han explicado fuentes diplomáticas.
El reto de que toda la pesca cumpla con el principio de rendimiento máximo sostenible en el horizonte de 2015 será más fácil para unas pesquerías que para otras, por lo que en opinión de España --al igual que para Galicia-- esa fecha "no debería ser una línea roja", sino que debería permitirse "flexibilidad" para algunos subsectores.
En el caso de los descartes la posición española es similar ya que considera que es una medida adecuada pero cree que la tradición pesquera "no está preparada" y que debería "modularse" a las especificidades de cada arte.
La definición de la flota artesanal, que Bruselas limita a los buques de menos de doce metros de eslora, también es mejorable para la delegación española que aboga por tener en cuenta otros factores como el tiempo que pasan fuera de puerto o el destino que dan a sus capturas para distinguir la pesca artesanal y costera de la artesanal.
Entre los asuntos más polémicos para el sector pesquero español está el destino que la comisaria Damanaki quiere darle a los 6.500 millones de euros que espera con que cuente el nuevo fondo para la pesca en el periodo 2014-2020.
La responsable comunitaria ha sido tajante en los últimos meses al rechazar la continuidad de las ayudas al desguace y a la reestructuración porque cree que no han logrado su objetivo de reducir la capacidad de la flota. También ha echado en cara de los Estados miembros su falta de colaboración y transparencia sobre el uso que se ha dado a esas ayudas y el control sobre su efectividad.
Para España, los apoyos comunitarios en el periodo 2007-2013 en las categorías que Damanaki ha eliminado de su propuesta (como la parada temporal y la parada definitiva) ascienden a algo de más de 412 millones de euros, es decir, un 36,41 por ciento del total que recibe de las arcas comunitarias para pesca y que dejaría de percibir si la reforma de la PCP sale adelante tal y como la pensado Bruselas.
ANÁLISIS "SIMPLISTA"
Fuentes diplomáticas admiten que la Unión Europea no ha conseguido controlar el exceso de capacidad de su flota y recuperar la sostenibilidad de sus caladeros, pero tachan de "simplista" el análisis de la comisaria.
Además advierten de que la reforma de la PPC que debe concluirse de aquí a 2013 supondrá importantes cambios para los pescadores europeos, que necesitarán "medidas de acompañamiento" que les permita adaptarse a las nuevas exigencias o hacer más fácil su salida del sector.
