CARACAS/SAN CRISTÓBAL (VENEZUELA), 18 May. (Reuters/EP) -
El dirigente opositor venezolano Henrique Capriles ha denunciado este jueves que las autoridades migratorias venezolanas le han retenido su pasaporte y le han impedido viajar a Estados Unidos para asistir en Nueva York a una reunión con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Zeid Raad al Hussein.
En una transmisión en vivo a través de las redes sociales, Capriles ha mostrado cómo le escoltaba un grupo de policías a una oficina de migración en el aeropuerto internacional de Caracas, mientras una funcionaria llevaba su pasaporte en la mano.
Minutos después, fuera del aeropuerto, el también gobernador del estado Miranda ha mostrado un acta del incidente donde se le informa que su documento ha quedado retenido. El político, que fue recientemente inhabilitado para presentarse a cargos públicos, no ha explicado por qué las autoridades venezolanas han adoptado esa medida.
"Mi pasaporte me lo robaron porque así se puede calificar", ha dicho Capriles a las puertas del aeropuerto, tras informar de que su documento estaba vigente hasta 2020. "Lamentablemente a todas las personas allá en Naciones Unidas, no he podido viajar, no voy a poder asistir a la reunión con el Alto Comisionado de los Derechos Humanos", ha añadido.
Ante la imposibilidad del viaje, el dirigente opositor venezolano ha informado de que se sumará a la marcha opositora del jueves que, como ocurre casi a diario, ha sido bloqueada por las fuerzas de seguridad con gases cuando se dirigía a la sede del Ministerio del Interior y Justicia para pedir el fin de "la represión".
Capriles ha dicho esta semana que se reuniría el viernes con Zeid Raad al Hussein, para hablar sobre la crisis política venezolana y entregar información sobre los recientes casos de manifestantes fallecidos, heridos y presos.
La oposición ha protagonizado protestas en las calles desde hace casi dos meses demandando que se realicen elecciones adelantadas para sustituir al presidente del país, Nicolás Maduro, quien por su parte alega que sus enemigos quieren de esta forma derrocarlo. La ola de protestas, saqueos y disturbios en el país petrolero ha dejado un saldo de al menos 44 personas muertas.
La Fiscalía ha inforamdo este jueves de que acusará a tres funcionarios de la Guardia Nacional por la muerte de Manuel Castellanos, de 46 años, quien resultó herido de bala en el cuello cuando se encontraba el miércoles cerca de una manifestación en el estado Táchira, fronterizo con Colombia. Según testigos, el hombre salió a comprar pañales para su bebé, uno de los productos más escasos en Venezuela.
Funcionarios del Gobierno socialista han descartado en los últimos días que agentes de las fuerzas de seguridad estén involucrados en las muertes de personas durante las manifestaciones, pues no llevan armas de fuego.
El Gobierno anunció el miércoles el envío de más de 2.000 militares y otros 600 efectivos de operaciones especiales a Táchira, uno de los puntos más álgidos de la anterior ola de protestas opositoras de los primeros meses de 2014.
El Ministerio Público solicitó medidas de protección para los periodistas que cubren las protestas y pidió a los funcionarios "proteger" a los profesionales de ataques de particulares.
