WASHINGTON, 4 May. (EUROPA PRESS) -
El Congreso de Estados Unidos ha dado luz verde al límite de gasto público propuesto por el Gobierno de Donald Trump, fijado en 1,1 billones de dólares, con lo que evita así la quiebra formal, que dejaría sin fondos a la administración norteamericana.
El Senado ha aprobado, con 79 votos a favor y 18 en contra, el proyecto de ley presentado por la Casa Blanca, que ya obtuvo el visto bueno de la Cámara de Representantes el día anterior, por lo que solo queda que Trump lo sancione para que entre en vigor y se esfume el riesgo de quiebra.
El Congreso y el Gobierno tenían hasta la medianoche del viernes (hora estadounidense) para ponerse de acuerdo sobre la cantidad máxima de dinero que los departamentos y las agencias federales podrán gastar hasta el 30 de septiembre, cuando deberá aprobarse un nuevo límite de gasto público.
Las discusiones se han prolongado por el enfrentamiento entre republicanos y demócratas en torno a cuestiones clave del nuevo Ejecutivo, como el gasto en defensa y seguridad, la construcción del muro en la frontera con México y la sustitución del 'Obamacare' por un plan sanitario alternativo.
"Gracias al duro trabajo de las dos cámaras y de las dos partes (republicanos y demócratas), tenemos una ley de gasto que puede tener un impacto positivo en la vida de la gente a la que representamos", ha dicho el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell.
Ambos partidos, así como la Casa Blanca, han interpretado la aprobación del techo de gasto público como una victoria personal, subrayando las cesiones que han tenido que hacer los demás implicados. Sin embargo, para el representante demócrata David Price, realmente ha sido posible porque el Tea Party no se ha posicionado y ha permitido a los republicanos acercarse a sus rivales políticos en este asunto, según ha contado a Politico.
Además, a pesar de que la ley ha salido adelante, cuenta con importantes críticos, como los senadores Lindsey Graham, Bob Corker y Ted Cruz, que han expresado su rechazo al gasto público autorizado porque retira dinero de programas de defensa, migratorios o sanitarios.
