Ejecutados en Pakistán dos miembros de los talibán paquistaníes condenados a muerte

Publicado 12/04/2017 3:04:54CET

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Pakistán ha anunciado este martes la ejecución de dos miembros del grupo armado Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) --conocido como los talibán paquistaníes-- condenados por terrorismo por los tribunales militares especiales del país.

En su comunicado, el Ejército ha indicado que las ejecuciones han sido llevadas a cabo en una prisión de máxima seguridad de Sahiwal, identificando a los ejecutados como Muhamad Shahid Omar y Fazl-i-Haq.

Ambos fueron condenados por el asesinato de civiles, ataques contra equipos de vacunación contra la poliomielitis y amputar las manos a cuatro policías.

Los tribunales militares especiales han sido motivo de tensiones entre el Gobierno y la oposición, que denuncian el excesivo secretismo en torno a los mismos.

El plazo de ejercicio de estos tribunales, establecidos por el Gobierno a principios de 2015 de forma provisional, finalizó en enero. Las autoridades argumentan que estos tribunales son necesarios debido a la ineficiencia de la Justicia civil.

Sin embargo, el presidente del país, Mamnun Hussein, aprobó a finales de marzo una enmienda constitucional --que recibió previamente el respaldo del Parlamento-- para volver a activarlos.

Las cortes militares fueron establecidas por el Parlamento de Pakistán en respuesta a un ataque perpetrado por talibán contra una escuela militar en diciembre de 2014, que causó la muerte de 134 menores.

En su momento, el Gobierno argumentó que la Justicia ordinaria era demasiado lenta como para ocuparse de los casos de terrorismo, ya que muchos jueces, por temor a las represalias de los terroristas, alargaban y retrasaban los veredictos.

Un total de 275 casos han sido juzgados por las cortes militares, y más de doce personas han sido ejecutadas como consecuencia de dichas sentencias. Las cortes especiales han condenado a 161 personas a la pena de muerte y a más de cien a cadena perpetua.

Las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, por su parte, ponen en duda un sistema que impide a los acusados contratar su propio abogado, veta el acceso de los medios de comunicación y mantiene en secreto todo el desarrollo del proceso. La sentencia, además, no admite recurso.

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