MANILA, 20 Abr. (Reuters/EP) -
El Gobierno de Filipinas ha negado este jueves que el presidente, Rodrigo Duterte, recompense con dinero en efectivo a los agentes de Policía que ejecutan a supuestos narcotraficantes, en respuesta al testimonio de dos altos cargos del cuerpo de seguridad, recogido por Reuters, y que apunta en sentido contrario.
"No hay ninguna verdad en la acusación de que hay un esfuerzo coordinado para matar a sospechosos de narcotráfico", ha dicho la oficina de Duterte contestando a un cuestionario escrito de Reuters. "Los supuestos agentes entrevistados deben estar viviendo una película", ha espetado, subrayando que la Policía "no está en el negocio de contratar asesinos".
Los dos uniformados, que hablaron bajo condición de anonimato, afirmaron que la Policía Nacional de Filipinas (PNP) era responsable de la mayoría de los crímenes atribuidos a los vigilantes . Para Leila de Lima, detenida el pasado febrero por un caso de drogas tras impulsar una investigación en el Senado sobre la guerra antinarco de Duterte, han destapado "la fea y preocupante verdad sobre lo que se ha convertido" la PNP.
El Gobierno ha instado a los dos informantes a hacer sus denuncias de forma pública. En la misma línea se ha pronunciado el portavoz de la PNP, Dionardo Carlos, quien además ha indicado que sería imposible que las fuerzas filipinas fueran recompensadas de esa forma porque no disponen de tal cantidad de dinero en efectivo.
Sin embargo, el senador Sherwin Gatchalian ha instado a la Policía en un comunicado a adoptar "medidas drásticas" para verificar estas acusaciones y castigar a "quienes hayan roto sus votos para proteger al pueblo filipino". La integridad de los uniformados, ha lamentado, ha quedado en entredicho.
Unas 9.000 personas, la mayoría consumidores y pequeños narcotraficantes, han muerto por la guerra contra las drogas de Duterte, que suma ya diez meses. La Policía asegura que un tercio de las víctimas murieron por acciones en defensa propia de los agentes, pero las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos han advertido de que podrían haberse cometido ejecuciones extrajudiciales.
