MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -
Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional han acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) con la intención de que el tribunal de San José revoque el polémico indulto que el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, ha concedido a su antecesor Alberto Fujimori, condenado por delitos de lesa humanidad.
Las dos ONG han presentado en calidad de 'amicus curiae' --un tercero ajeno al litigio al que se le permite expresar su opinión sobre el caso-- sendos informes en los que expresan su preocupación por el indulto a Fujimori por considerar que atenta contra los derechos de las víctimas y vulnera las obligaciones internacionales de Perú.
"El indulto a Alberto Fujimori ha sido un duro golpe para los Derechos Humanos en el continente, y particularmente para las víctimas y sus familiares", ha dicho Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en un comunicado.
Para José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, esta decisión supone "una vergonzosa traición a las víctimas" y ha confiado en que "la CoIDH no permita que el presidente Kuczynski use los derechos de las víctimas como moneda de cambio en sus negociaciones políticas".
Vivanco ha considerado que "existen serios motivos para creer que esta liberación fue el resultado de una negociación en respuesta a la creciente presión de partidarios de Fujimori en el Congreso, incluido el intento reciente de someter a juicio político al presidente Kuczynski".
HRW ha recordado que "el indulto humanitario a Fujimori podría ser compatible con las normas internacionales, siempre que no recibiera un trato especial y su liberación fuera el resultado de una determinación médica independiente, exhaustiva y concluyente que establezca la gravedad de su estado de salud".
Sin embargo, "la liberación anticipada de Fujimori parece ser el resultado de una decisión que respondió a motivaciones políticas y que no se adoptó respetando garantías básicas de imparcialidad y transparencia", por lo que, en opinión de la ONG, "vulnera la obligación de Perú de investigar, procesar y castigar violaciones de Derechos Humanos".
Amnistía Internacional, por su parte, ha señalado que el perdón presidencial también blinda a Fujimori frente a otros posibles delitos, a pesar de que "en ninguna circunstancia debe implicar la extinción de la condena ni representar una medida que perpetúe la impunidad".
La CoIDH celebrará este viernes una audiencia pública para revisar el cumplimiento de las sentencias dictadas contra Fujimori por las matanzas en Barrios Altos y La Cantuta, en relación con las medidas de reparación y el deber de investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables.
El ex presidente fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por estas matanzas, consideradas delitos de lesa humanidad, pero Kuczynski le concedió en diciembre el indulto que le habían negado otros gobiernos alegando razones humanitarias. El indulto llegó pocos días después de que el 'fujimorismo' le salvara de una moción de censura que el propio grupo parlamentario liderado por los hijos de Fujimori había impulsado.
