MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) ha conseguido alentar las investigaciones de los propios sistemas de justicia de los países miembro a través de los llamados exámenes preliminares, según ha valorado Human Rights Watch (HRW) en un informe en el que analiza los casos concretos de Guinea, Colombia, Georgia y Reino Unido.
En su documento 'Punto de presión: El impacto del TPI en la justicia nacional', que cuenta con 181 páginas, HRW analiza cómo ha influido la acción de la Fiscalía que dirige Fatou Bensouda en las investigaciones judiciales de dichos países, basándose en entrevistas a más de 140 personas, entre funcionarios nacionales, trabajadores de La Haya y de ONG.
HRW ha recordado que "el TPI es un tribunal de último recurso", lo que significa que solo interviene cuando los sistemas de justicia de los estados parte del Estatuto de Roma --su tratado fundacional-- no pueden o no quieren investigar los crímenes internacionales.
"La Fiscalía del TPI puede tener una influencia particular durante los exámenes preliminares, el paso previo a la apertura de una investigación formal del TPI. Estos exámenes pueden empujar a los países a hacer sus propias investigaciones impidiendo así que el TPI intervenga", ha indicado.
De los cuatro países investigados, la Fiscalía del TPI ha tenido un mayor impacto en Guinea, de acuerdo con HRW. En diciembre de 2017, un grupo de jueces de Guinea concluyó su investigación nacional sobre un ataque de septiembre de 2009 de las fuerzas de seguridad contra simpatizantes opositores y envió el caso a juicio. Aunque el progreso ha sido lento, el papel de la corta de La Haya ya sido determinante, sostiene la ONG.
En Colombia, por ejemplo, también ha sido clave para impulsar las pesquisas sobre 'falsos positivos', como se conoce a los casos de civiles ejecutados por policías y militares que los hacen pasar por guerrilleros caídos en combate para obtener ventajas laborales. HRW ha denunciado que aquí la presión ejercida por el TPI ha sido "insuficiente" porque no ha llevado a las autoridades a actuar contra los altos cargos implicados.
La ONG se muestra igualmente crítica en el caso de Georgia. La Fiscalía abrió en agosto de 2008, inmediatamente después de la guerra con Rusia por la región de Osetia del Sur, un examen preliminar, pero no ordenó abrir una investigación formal hasta 2016. Si hubiera ejercido más presión, apunta HRW, podría haber llegado a la misma conclusión mucho antes.
"En Reino Unido, donde el examen preliminar es sobre los supuestos crímenes de guerra cometidos por las Fuerzas Armadas británicas en Irak contra los detenidos bajo su custodia, la Fiscalía, conforme a sus políticas, aún no había instado a los procesos nacionales durante el periodo estudiado por HRW", ha apuntado la organización no gubernamental en un comunicado.
Con todo ello, aunque ha aplaudido la labor del TPI, HRW ha subrayado que "las expectativas deben ser realistas". "Veinte años después del Estatuto de Roma, la carga de casos y los limitados recursos del TPI ponen de manifiesto la necesidad de investigaciones nacionales justas y eficaces", ha dicho Elizabeth Evenson, experta de justicia internacional de HRW.
Evenson ha considerado además que "la Fiscalía del TPI no puede avanzar sola". "Es necesaria una relación más eficaz entre el TPI, las agencias de Naciones Unidas, las autoridades, los activistas y los donantes para movilizar la justicia a nivel nacional", ha reclamado.
