YAKARTA, 25 May. (Reuters/EP) -
El presidente de Indonesia, Joko Widodo, ha aprobado una nueva legislación este miércoles que establece la pena de muerte como máxima sentencia para los violadores de niños, después de que varias violaciones en grupo tuvieran lugar en el país y dispararan el malestar de la opinión pública.
A pesar de que la violencia sexual en Indonesia sigue siendo algo frecuente, las violaciones en grupo son algo insólito hasta la fecha. Las redes sociales han hecho un llamamiento masivo reclamando penas más duras para los violadores, después de que a principios de este mes un grupo de hombres fuera acusado de violar y matar a una escolar en la provincia de Bengkulu, situada en la isla de Sumatra.
Este último caso ha provocado que diversas asociaciones de Derechos Humanos señalasen al Gobierno de Widodo, acusándole de no estar tomando medidas suficientes para la proteger a mujeres y niños de este tipo de actos. Como consecuencia, Widodo llegó a publicar un tuit en el que condenaba lo ocurrido, reclamando el castigo de los responsables.
Este miércoles, Widodo, citando la nueva ley, ha anunciado que todos aquellos responsables de violaciones a menores, así como todos los agresores sexuales que reincidan, podrían llegar a enfrentarse a la castración química y ser identificados por medio de un chip electrónico, que permitiría rastrear todos sus movimientos.
"La violencia sexual en contra de niños es un crimen fuera de lo común", ha dicho Widodo en una rueda de prensa en el palacio presidencial. "Esta nueva legislación pretende acabar con este tipo de incidentes, en los que se ha producido un aumento significativo en los últimos meses", ha añadido el presidente.
Sin embargo, activistas de Derechos Humanos han advertido sobre el uso de la pena capital y de la castración química. "En la mayoría de los casos los autores de las violaciones conocen a las víctimas, y este tipo de castigos son tan severos que pueden desalentar a las víctimas y provocar que no denuncien", ha declarado Andreas Harsono, miembro de Human Rights Watch. "Por sí mismas, estas penas no hacen frente a la necesidad de protección de los niños por medio de un sistema de bienestar social adecuado", ha añadido.
El Gobierno de Widodo ya despertó numerosas críticas a nivel internacional el año pasado cuando llevó a cabo el fusilamiento de varios traficantes de drogas, en su mayoría extranjeros, a pesar de las numerosas solicitudes de misericordia de otros gobiernos y activistas. Después de un año de paréntesis, Indonesia se prepara para reanudar las ejecuciones este año, pero las autoridades aún no han dado ningún tipo de detalles.
