MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, ha expresado este domingo su confianza en que el Gobierno de Estados Unidos entregue al expresidente peruano Alejandro Toledo, sobre el que pesan dos órdenes de prisión por su presunta implicación en los casos 'Ecoteva' y 'Odebrecht'.
En una entrevista concedida al diario local 'El Comercio', Kuczynski ha subrayado que "Estados Unidos es un país del debido proceso", agregando que "tiene que haber un examen cruzado" y que las autoridades de Perú están siguiendo los procedimientos "al pie de la letra".
"Nuestro abogado no es el que presenta ante la corte (la petición de extradición), es el fiscal del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Primero tenemos que convencerlos a ellos. Estamos haciendo todo lo que requiere Estados Unidos. Lo que pasa es que toma tiempo", ha argumentado.
El propio Kuczynski solicitó personalmente el pasado mes de febrero a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que considerara el arresto y deportación de Toledo.
En abril, un juez peruano dispuso 18 meses de prisión preventiva para Toledo y su esposa, Eliane Karp, por el 'caso Ecoteva', la segunda orden de estas características que se emite contra el exmandatario.
La Fiscalía había indicado previamente que existe una relación entre los dos casos, señalando que el dinero de las cuentas de Ecoteva encontradas en Costa Rica tenían su origen en sobornos pagados por Odebrecht. Con ese dinero, explicó entonces el diario 'Perú21', se habrían pagado dos inmuebles en Lima y dos viviendas de Toledo y su mujer.
En enero de 2014, la Comisión de Fiscalización del Congreso había presentado un informe en el que informaba de "indicios razonables" de la participación de Toledo en la presunta comisión de blanqueo de activos, por las compras inmobiliarias realizadas a través de la empresa Ecoteva.
Por otro lado, la Fiscalía acusó a Toledo de haber recibido 20 millones de dólares de la compañía brasileña a cambio de la adjudicación de dos tramos de la carretera Interoceánica Sur, por lo que pidió para él 18 meses de prisión y emitió una orden de captura internacional.
Los supuestos pagos a Toledo habrían empezado en 2005, cuando se acercaba el final de su gobierno (2001-2006) y el dinero habría sido canalizado hacia las cuentas del empresario israelí Josef Maiman, amigo del expresidente, a través de sus empresas en paraísos fiscales, según informaciones periodísticas.
LA REUNIÓN CON KEIKO FUJIMORI
En otro orden de cosas, Kuczynski ha descrito como "muy bueno" su último encuentro con la líder opositora, Keiko Fujimori, destacando que en el mismo se trató "una larga lista de temas" y "ella hizo buenas sugerencias de cómo abordar la reactivación económica".
"Se habló de mejorar el clima para las inversiones, y el clima para las inversiones está afectado por diversas cosas", ha dicho, expresando su deseo de que la salida de sus cargos de dos ministros y el contralor general supongan un cambio en la situación política.
"Diría que hemos volteado la página con el diálogo", ha manifestado, rechazando la opción de establecer un 'teléfono rojo' con Fujimori. "Es muy fácil comunicarse, eso de todas maneras se puede hacer", ha explicado.
Por último, se ha negado a pronunciarse sobre un posible indulto al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) --en prisión tras ser condenado por delitos de lesa humanidad--, resaltando que "es un tema médico y humanitario".
"Hay procedimientos y estamos estudiando eso en el tema de su salud y nada más", ha zanjado. A finales de junio, afirmó que el posible indulto se analizará "con tranquilidad", horas después de subrayar que "el tiempo de hacerlo es ahora".
El exmandatario ha tenido que ser hospitalizado en los últimos años --la última vez, a principios de abril-- por diversos problemas de salud que llevaron a sus hijos a solicitar un indulto humanitario al Gobierno de Ollanta Humala, que lo rechazó.
El propio Kuczynski rechazó, antes y después de asumir la Presidencia del país, la posibilidad de indultar al exmandatario.
Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por la muerte y el secuestro de decenas de personas en diferentes hechos violentos ocurridos durante su Gobierno en el marco de la lucha contra la guerrilla Sendero Luminoso.
