La ONU expresa su "decepción" por la decisión de Tailandia de descartar una ley que penalizaría la tortura

 

La ONU expresa su "decepción" por la decisión de Tailandia de descartar una ley que penalizaría la tortura

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Publicado 01/03/2017 7:05:46CET

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) ha expresado este martes su "decepción" por la decisión de Tailandia de descartar la legislación para criminalizar la tortura y las desapariciones.

La tortura no es considerada una ofensa criminal en Tailandia y, aunque algunas víctimas reciban compensaciones, sus autores nunca son procesados.

"Estamos decepcionados por la decisión de Tailandia de no promulgar un borrador de ley contra la tortura y la desaparición, y pedimos al Gobierno que reintroduzca rápidamente legislación para criminalizar estos actos deplorables", ha dicho la portavoz del organismo, Ravina Shamdasani.

En una rueda de prensa, Shamdasani ha recalcado que la decisión de la Asamblea Legislativa Nacional --nombrada por la junta militar-- "es muy preocupante", recordando que "estas acciones continúan sin una corrección legal".

"Desde hace demasiado tiempo no ha habido rendición de cuentas en los casos de torturas y desapariciones involuntarias y forzosas debido a la falta de un marco legislativo", ha dicho, lamentando que "como resultado, los responsables de estos crímenes atroces no pueden ser juzgados".

Shamdasani ha indicado además que "la decisión de no promulgar el borrador es además un golpe devastador para las familias de los desaparecidos", añadiendo que "tienen el derecho a saber la verdad sobre la desaparición de sus familiares".

Un grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas registró un total de 82 casos en Tailandia desde 1980, incluyendo las del abogado Somchai Neelapaijit en 2004 y la del activista de Derechos Humanos Pholachi Rackhongcharoen, en 2014.

Amnistía Internacional aseguró en 2016 que el Gobierno militar de Tailandia ha permitido que crezca una "cultura de tortura" desde que el Ejército tomó el poder tras un golpe de Estado en 2014, permitiendo que las autoridades peguen, asfixien y electrocuten a las personas detenidas.

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