ROMA, 15 Jun. (Reuters/EP) -
El Parlamento de Italia ha aprobado este miércoles la controvertida reforma del sistema judicial, tras más de dos años de debates sobre una propuesta que endurece las penas a los condenados por robo y evitar la publicación de pinchazos telefónicos en las investigaciones.
El proyecto ha sido aprobado con 320 a favor y 149 en contra, además de una abstención, lo que supone un espaldarazo para el primer ministro del país europeo, Paolo Gentiloni.
"Estoy muy satisfecho porque ha sido un proceso muy cansado y tortuoso", ha valorado el ministro de Justicia italiano, Andrea Orlando, en declaraciones en el Parlamento.
Uno de los puntos más disputados de la legislación es la prolongación del estatuto de limitaciones, que impone fechas límite a los tribunales para completar los procedimientos legales.
Alrededor de 1,5 millones de casos han sido abandonados en Italia en los últimos diez años, incluidos miles de juicios por presunta corrupción, debido al tiempo limitado con el que contaban los magistrados para juzgar a los sospechosos.
El estatuto de limitaciones en Italia empieza en el momento en el que presuntamente se comete el crimen, y no cuando es descubierto, y el límite de tiempo no es extendido cuando un acusado es imputado o sentenciado.
Los sospechosos tienen derecho a dos apelaciones y no son considerados culpables hasta que hay un veredicto final, lo que provoca que los juicios se alarguen habitualmente durante años, con los abogados de la defensa intentando prolongar los procedimientos para alcanzar la fecha límite.
Los fiscales afirman que es prácticamente imposible lograr un veredicto final en casos de crímenes financieros en el margen de tiempo estipulado, que es de poco más de ocho años.
Por ello, únicamente un uno por ciento de los presos en Italia están encarcelados por delitos de guante blanco, una de las tasas más bajas de Europa y muy inferior al doce por ciento en Alemania.
La reforma contempla que el estatuto de limitaciones sea suspendido 18 meses entre la imputación y el inicio de la primera apelación, y otros 18 meses entre la segunda condena y la última apelación.
Numerosos fiscales han considerado inadecuada la reforma, afirmando que el estatuto de limitaciones debería arrancar cuando la Policía inicia sus investigaciones, con en Reino Unido, o cuando el sospechoso es enviado ante un tribunal, como en Estados Unidos.
