MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navy Pillay, ha criticado este martes la aprobación por parte de la Presidencia egipcia de un decreto-ley por el que se limita drásticamente el derecho de manifestación y reunión y ha dicho que el mismo es "defectuoso", por lo que ha abogado por su enmienda o rechazo.
La norma impone duras sanciones económicas para las congregaciones de manifestantes no autorizadas. Además, habilita a las fuerzas de seguridad a emplear balas de goma "sin condiciones" contra los manifestantes.
La ley fue remitida por el Gobierno hace dos semanas al presidente y ha sido muy criticada por los grupos de defensa de los Derechos Humanos, que no han dudado en calificarla de "represiva" puesto que no protege el derecho a la libertad de reunión.
"El hecho de que la legislación criminalice actos de los manifestantes que puedan romper 'la seguridad y el orden público' sin definir claramente esos términos deja la puerta abierta a una interpretación muy restrictiva y represiva", ha valorado Pillay.
"Nuestra principal preocupación son las provisiones sobre el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y las sanciones excesivas, incluyendo multas masivas y sentencias de prisión", ha agregado.
Así, ha indicado que Egipto "es un país cuyo pueblo ha proclamado claramente, con valentía y en reiteradas ocasiones su deseo de poder manifestarse pacíficamente en línea con sus derechos, internacionalmente reconocidos".
"Es un verdadero riesgo que las vidas de los manifestantes pacíficos puedan verse comprometidas por el comportamiento violento de unos pocos o porque la ley pueda ser interpretada fácilmente de forma que permita a las autoridades hacer un uso excesivo de la fuerza en circunstancias inapropiadas", ha remachado Pillay.
La aprobación de esta ley es especialmente sensible en Egipto, donde desde 2011 las movilizaciones populares y las manifestaciones en las calles han propiciado la caída del Gobierno del expresidente Hosni Mubarak tras décadas en el poder y el derrocamiento del expresidente islamista Mohamed Mursi tras intensas protestas y un golpe de Estado que puso fin a su presidencia el 3 de julio de este año.
La legislación ya ha sido criticada por Estados Unidos, que ha afirmado que "quiere que la transición en Egipto hacia una democracia inclusiva tenga éxito". "Pedimos al Gobierno interino que respete los derechos individuales y solicitamos que la nueva Constitución los proteja", dijo.
En respuesta, el Ministerio de Exteriores egipcio ha descrito las declaraciones de Washington como "una clara injerencia en los asuntos internos del país". "Es normal que todos los países, especialmente los de gran peso internacional, presten atención a los acontecimientos en un país como Egipto, pero eso no permite la violación de ciertas líneas o hacer comentarios de decisiones relacionadas con asuntos internos", ha remachado.
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