Portugal pagará 31 millones de euros en indemnizaciones a las víctimas de los incendios de 2017

Incendios Portugal
REUTERS / RAFAEL MARCHANTE - Archivo
Publicado 20/03/2018 19:28:04CET

LISBOA, 20 Mar. (REUTERS/EP) -

Portugal va a pagar 31 millones de euros como compensación a las familias de las 114 víctimas de los incendios que asolaron el país en 2017, ha manifestado la Defensora del Pueblo, Maria Lucia Amaral.

Los incendios tuvieron lugar en junio y en octubre y provocaron tamaños desastres que acabaron con la dimisión de la ministra del Interior, Constança Urbano de Sousa, y la introducción de fuertes medidas para combatir las llamas que devastan el interior del país cada verano.

"Lo que ocurrió fue excepcional por la extrema violencia (de los incendios)", ha manifestado Amaral ante la prensa, explicando que el montante total de las indemnizaciones será de 31 millones de euros. "No hemos dejado a nadie fuera", ha añadido la Defensora del Pueblo.

El Gobierno asumió la responsabilidad de ofrecer una retribución a las víctimas en un proceso supervisado por Amaral. El plazo para solicitar una indemnización finalizó en febrero. El de los heridos, cuyas compensaciones se reparten en un proceso separado, finaliza en mayo.

Las autoridades portuguesas se tuvieron que enfrentar a críticas enérgicas por los incendios, pero el Ejecutivo sobrevivió a una moción de censura por este motivo en octubre.

Un informe del Gobierno ha apuntado a que el incendio de junio estuvo provocado por una mezcla inusualmente peligrosa de calor y vientos fuertes. Esto llevó a que las llamas se extendiesen de manera muy rápida. Un total de 47 personas murieron en sus coches cuando trataron de huir a través de una carretera nacional, que cruzaba un bosque.

El Ejecutivo portugués aplicará reglas más estrictas en lo concerniente a cortar la maleza de las propiedades privadas y desarrollará un registro de propiedad de la tierra para todo el país.

Una de las grandes razones que explican los incendios de verano en Portugal es que la mayor parte del interior del país pertenece a personas que no viven habitualmente en esa zona, lo que hace difícil obligar a que se desbroce la tierra para prevenir que se extiendan los incendios.