MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Policía de Sudáfrica, Nathi Nhleko, ha anunciado este jueves que el presidente del país, Jacob Zuma, no tendrá que devolver los fondos destinados a la mejora de las instalaciones de su residencia privada, recalcando que las mismas correspondieron a medidas de seguridad.
La Defensora Pública sudafricana --figura equivalente al Defensor del Pueblo--, Thuli Madonsela, acusó a Zuma de tener una conducta "inconsistente con su cargo" al utilizar "indebidamente" 23 millones de dólares (más de 16,4 millones de euros) en dichas mejoras, entre las que se encuentran la instalación de una piscina y un anfiteatro.
Sin embargo, Nhleko ha defendido que instalaciones como la piscina tenían como objetivo servir de lugar de repostaje en caso de un incendio en la zona, argumentando que podía funcionar además como cortafuegos, según ha informado el diario sudafricano 'Sowetan'.
Horas antes, el líder del principal partido opositor de Sudáfrica, la Alianza Democrática (AD), Mmusi Maimane, había apuntado que el informe sobre las instalaciones había exonerado a Zuma de cualquier devolución del dinero público.
"Como se esperaba, el ministro de Policía que trabaja para Zuma ha determinado que no nos debe ni un céntimo", dijo Maimane a través de su perfil oficial en la red social Twitter.
La investigación en torno a las reformas del hogar del presidente en Nkandla, en la provincia de KwaZulu-Natal, comenzó hace tres años. Cuando se hizo pública la noticia de las reformas en la vivienda del presidente a finales de 2009, el coste de las mismas se estimaba en 65 millones de rand (más de 4,34 millones de euros). A pesar de un intenso escrutinio público, la factura se disparó hasta alcanzar los 246 millones de rand (más de 16,4 millones de euros).
En el informe provisional, titulado "Seguro en comodidad", Madonsela sostuvo que para llevar a cabo los proyectos de reforma de la vivienda del presidente tuvieron que ser desviadas grandes cantidades de fondos públicos dirigidos a proyectos de recuperación del centro de la ciudad.
El informe también determinó que algunos de los gastos más legítimos para seguridad, como 20 casas para protección policial, una clínica y dos helipuertos, son excesivos y deberían haber sido ubicados en una localidad próxima para beneficiar a una comunidad mayor.
