LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -
Un total de 20 de los 28 acusados en el 'Caso Faycán', que juzga una presunta corrupción en el Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria) durante el gobierno del PP, se enfrentarán a penas de menos de dos años de prisión después de que todos aceptaran la modificación propuesta por el fiscal Anticorrupción, Luis del Río, y reconocieran los delitos en la apertura de este juicio que ha tardado 12 años en llegar.
Así, todos ellos no continuarán en el juicio en calidad de acusados sino de testigos a propuesta del fiscal, lo que ha sido admitido por la Sala que preside el magistrado Salvador Alba, quien actualmente está siendo investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y que fue recusado por uno de los abogados que participa en este caso, el letrado Sergio Armario.
El paso de los acusados a testigos, expuso Alba, se admite después de que una sentencia del Tribunal Supremo del 21 de diciembre de 2017 permitiera la declaración del acusado conformado en calidad de testigo, exigiendo una mínima corroboración, y hacerlo sin letrado toda vez que en España no se reconoce la figura del testigo asistido.
De esta forma, las peticiones del fiscal quedan de la siguiente forma: Enrique Orts, 1 año y 4 meses de prisión y 5 años de inhabilitación especial; Carmelo Oliva Bethencourt, sin prisión y 5 años de inhabilitación especial; Francisco Gordillo, 1 año y 8 meses de prisión y 7 de inhabilitación; los hijos de Maria Antonia Torres, María Eugenia y Francisco Fernández Torres, dos meses de prisión; y Antonio Adán Moreno y Juan Francisco Gordillo Chamorro, un año de prisión cada uno.
Además, para Jorge Rodríguez 1 año y 10 meses de prisión y 4 años de inhabilitación; para Alejandro Navarro 1 año de cárcel; Pedro A. Bethencourt, 1 año de prisión y 1 año de inhabilitación especial; Felipe Ojeda, 1 año y 10 meses; Abelardo Martínez, 6 meses; Ángel Omar, 1 año y 4 meses; Víctor Hugo Rosales, 6 meses; Luz Navarro, que destapó la trama, 6 meses; José María Gutiérrez Galindo, 1 año, que se le sustituye por dos años a 10 euros por día de multa; Candelaria Sánchez Vega, 9 meses; José Sánchez González, 8 meses; Guadalupe López, 8 meses; y Salvador Flores, otros 5 meses.
De este modo, se produce un cambio en los señalamientos del juicio que, además, estará motivado por empezar antes con las testificales que con las declaraciones de los acusados tras realizar esta petición, y ser aceptada, la abogada de la ex alcaldesa de Telde y presidente del PP del municipio, María del Carmen Castellano.
Por otro lado, han negado la nulidad de las actuaciones sobre el acusado José Luis Mena, así como la petición realizada por el abogado y diputado del PP canario, Jorge Rodríguez, que solicitó la nulidad de las actuaciones para la formación política como responsable civil y subsidiario, ya que el fiscal justifica su presencia en la causa como partido beneficiario a través de una serie de obras realizadas en el municipio.
TESTIFICALES
Así las declaraciones de los acusados que se han conformado con las modificaciones en calidad de testigos comenzarán este martes, 16 de enero, a partir de las 09.45 horas, con Enrique Orts, Francisco Gordillo, Carmelo Oliva Bethencourt, María Eugenia Fernández Torres, Francisco Fernández Torres, Antonio Adán Moreno y Juan Francisco Gordillo Chamorro.
Las testificales continuarán el jueves, 18 de enero, con las declaraciones de Jorge Rodríguez Rodríguez, Alejandro Navarro, Pedro Antonio Bethencourt, Felipe Ojeda, Abelardo Martínez y Ángel Omar.
Un día más tarde, el viernes, 19 de enero, les tocará declarar en condición de testigos a Luz Navarro, José Luis Sánchez, Salvador Santana y Guadalupe López. El juicio volverá a retomarse, en principio, el 5 de febrero.
"NO" CAMBIA LA ESTRATEGIA
Por otro lado, Juan Sánchez de Miñana, el abogado del ex alcalde de Telde, Francisco Valido, y del técnico municipal Esteban Cabrera, considera que el paso de acusados a testigos de una veintena de los imputados "no cambia la estrategia, sobre todo, de aquellos que están defendiendo su inocencia".
En este sentido, añadió en declaraciones a los medios, el que ahora vayan como testigos "les obliga a decir la verdad", si bien matizó que "los que están defendiendo su inocencia no tienen nada que oponer a que la gente diga la verdad porque están convencidos de su no culpabilidad en todos estos hechos".
De todos modos, sí que puso en cuestión el paso de acusado a testigos, ya que dijo que si bien en el ámbito judicial se "ha declarado que quien se ha conformado en una causa donde hay múltiples acusados, puede venir a declarar a continuación en calidad de testigo", también se produce que "estas personas que se han conformado no han sido condenadas aún" porque el tribunal de la Sala no ha dictado sentencia.
Por ello, se cuestionó "en calidad de qué pueden venir" e insistió en que "sin tener la condición de condenados ya cómo van a proceder en calidad de testigo", por lo que consideran que "se podría estar vulnerando un derecho fundamental" con respecto a las partes.
Por su parte, Armando Martín, el letrado que defiende al comercial de Iturri, Víctor Hugo Rosales, justificó el momento en el que su defendido pensó en aceptar o no la modificación propuesta por el fiscal --que aceptó tras pensárselo-- apuntando que se trata de "tema para dudar después del tiempo transcurrido, el daño ya está hecho".
"Se ha causado un daño terrible a todos y cada uno de los acusados y es un tema para pensárselo. Nosotros hasta el último momento no teníamos claro si aceptar o no porque entendemos de que puede existir prueba pero también podría existir una prueba en descargo de mi cliente. Por una cuestión de responsabilidad lo hemos aceptado. Hemos decidido aceptar el trato pero con bastante reserva", apostilló en declaraciones a los medios.
Finalmente, cuestionado ambos abogados por la posibilidad de que el juicio tenga que suspenderse si el TSJC abre juicio al magistrado Salvador Alba, ambos no contemplan esta posibilidad y consideran que el juicio llegará a término.
