Abren juicio oral contra la diputada de Podemos Isabel Serra por desórdenes públicos en una marcha contra desahucios

Isabel Serra Podemos
PODEMOS COMUNIDAD DE MADRID
Publicado 22/02/2018 14:15:43CET

Serra ha pedido que se le revoque su aforamiento, pero TSJM aclara que éste no le afecta porque los hechos son anteriores a su cargo

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La jueza titular del Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid ha decretado la apertura de juicio oral contra la diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid Isabel Serra por un presunto delito de desórdenes públicos durante una manifestación en el año 2014 contra los desahucios.

La propia dirigente de la formación morada ha confirmado en declaraciones a los medios esta decisión judicial, y ha avanzado que ha dirigido un escrito a la jueza en el que solicita que se le revoque su aforamiento producto de su condición como diputada de la Asamblea de Madrid.

Sin embargo, desde el TSJM han explicado a Europa Press que su aforamiento no influye de ningún modo en la causa, ya que los hechos encausados son anteriores a que recibiera su acta como diputada, puntualizando que el aforamiento solo altera la condición judicial de un parlamentario cuando se refieren a actos en ejercicio de su cargo.

No obstante, Serra ha apuntado que su petición de renuncia al aforamiento es "coherente" con lo que defienden desde Podemos, ya que "no se debe usar como un privilegio". "Quiero que se me juzgue en la misma situación que todas las personas que han sido juzgadas por manifestarse contra el drama de los desahucios, una lucha de la que estoy muy orgullosa", ha apostillado, reclamando que los parlamentarios "no deberían tener estos privilegios", y espera que "pronto haya avances hacia la regeneración".

En cuanto a los hechos en sí, ha detallado que la imputan "insultos a los agentes y colaboración en desórdenes públicos", que ella, sin embargo, ha rechazado de pleno.

En una entrevista en Público, Serra, líder del sector anticapitalista de Podemos en Madrid, ha avanzado que aunque finalmente la jueza la declare culpable, no tiene previsto renunciar a su cargo.