MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Federación Regional de Enseñanza Comisiones Obreras de Madrid denunció hoy que los presupuestos con los que contarán las universidades públicas de la Comunidad de cara a 2010 suponen un incumplimiento de los acuerdos alcanzados con el Gobierno regional en esta materia.
Así, señalan que las nuevas cuentas conforman un proyecto "muy restrictivo", con una reducción del presupuesto global de Universidades del 3,8 por ciento respecto del ejercicio de 2009, que, a su vez, se había reducido en un 4,5 por ciento respecto del año anterior, y una reducción del 70 por ciento en el capítulo de inversiones.
Según el sindicato, con estos presupuestos se incumple el Plan de Financiación de las Universidades Madrileñas 2006-20101, lo que obliga a postergar los objetivos vinculados al Plan. También se incumple el 'Plan de Inversiones en las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid para el período 2007-2011'.
Para CC.OO., la divergencia entre los presupuestos en estos años y las cantidades recogidas en el Plan no hace sino aumentar: en 2009 se presupuestó sólo el 53,3 por ciento de lo previsto en este Plan mientras que en 2010, sólo el 15 por ciento de lo previsto. Esta propuesta de presupuesto para 2010 paraliza inversiones ya iniciadas, e impide cualquier necesaria reforma de infraestructuras.
Además, las transferencias corrientes a las universidades, que son su principal ingreso para sus gastos corrientes, crecieron el 0,6 por ciento en 2009 y crecen el 0,5 por ciento en 2010, "lo que aboca al estrangulamiento financiero de las universidades y a la consiguiente pérdida de calidad, y abre el camino a la privatización de su gestión y al florecimiento de las universidades privadas", apuntan.
Asimismo, con estos presupuestos se produce el estancamiento de las plantillas y la imposibilidad de alcanzar las ratios de un acuerdo de 9 de septiembre de 2004 (BOCM de 14.09.2004) y del Plan de Financiación de las Universidades Madrileñas 2006-2010, aprobado por el Consejo de Gobierno de 18 de octubre de 2005.
COSTES DEL PLAN BOLONIA
También denuncian que peligra el cumplimiento de los acuerdos internos de algunas universidades en cuanto a estabilización de plantillas y nuevas RPT's más acordes con el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), conocido popularmente como el Plan Bolonia.
Por otra parte, el incremento de las matrículas de grados y posgrados o el de los costes indirectos ligados a estas enseñanzas supondrá un incremento del gasto privado por parte de los estudiantes y sus familias "aumentando la desigualdad en el acceso a estas nuevas enseñanzas".
Recuerdan que actualmente las Universidades Públicas se encuentran inmersas en procesos de convergencia al Plan Bolonia, en la aplicación de la LOU y del EBEP y en la necesaria actualización y revitalización del I + D + i. "Nada de esto es posible sin unas infraestructuras actualizadas y de calidad, y unas plantillas equilibradas y suficientes de personal formado adecuadamente y con unas condiciones laborales decentes, reduciendo la precariedad al mínimo", apuntan.
Con todo, consideran que los dos instrumentos de planificación de la actividad universitaria que se están incumpliendo son resultado de sendos acuerdos "que este Gobierno ha roto para fijar otras prioridades". "Llama la atención la dosis de cinismo con la que se presentan estas cifras: en la Memoria de Actividades 2010 del Proyecto de Presupuestos se citan los acuerdos para a continuación vulnerarlos", añaden.
Desde CC.OO. defienden una universidad pública de calidad, en la que las personas se formen y desarrollen, sin discriminación de ningún tipo; "universidades capaces de formar profesionales competentes y generadores de alto valor añadido; punteras en sus actuaciones en I+D+i; con trabajadores implicados en su gestión y partícipes de ella; universidades que sean reconocidas socialmente como una apuesta estratégica a la que no se debe reducir la financiación".
Por ello, considera que el acuerdo social -y también institucional y político- por la educación universitaria es la mejor manera de avanzar en la educación. "Los casi 240.000 estudiantes universitarios madrileños de centros públicos y sus trabajadores se merecen mejor consideración: no deben verse como un gasto, sino como una de las mejores inversiones de la sociedad", concluye.
