Los hermanos vendían pisos de protección oficial a un precio superior al establecido, pero escrituraban la cantidad oficial
MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -
Las investigaciones del 'caso Coslada' podrían provocar en unos meses la caída el "emporio" empresarial que ostentan los conocidos hermanos Barral, pertenecientes a una de las familias más adineradas de la localidad y que contaban con la amistad del antiguo jefe de la Policía local de la localidad, Ginés Jiménez, hasta que el pasado 8 de mayo arrancó la 'Operación Bloque', que se saldó con 13 agentes locales en prisión.
El Grupo VII de la Brigada Provincial de Policía Judicial ha reactivado la investigación que se desgajó de la trama de corrupción policial para centrar el punto de mira sobre varios empresarios del municipio por supuesto blanqueo de capitales, entre ellos los Barral, informaron hoy a Europa Press fuentes jurídicas.
Las pesquisas contra esta supuesta corruptela económica quedaron paralizadas durante algo más de un mes, mientras que la Audiencia Provincial de Madrid resolvía el conflicto de competencias planteado por el juez de Madrid Eduardo Cruz Torres para que se dirimiera quién debía de instruir el procedimiento. El pasado lunes, la Sala determinó que Cruz Torres debía de mantener la causa.
Resuelta la confusión de jurisdicciones, el Grupo VII de la Policía Judicial, que se encarga de investigar delitos de tipo económico, ha vuelto a centrar sus pesquisas en el entramado empresarial de los Barral ante las sospechas de que sirven de cauce para blanquear dinero obtenido de manera ilícita.
Estos hermanos gestionaron el plan de actuación del barrio del Puerto que supuso la recalificación de suelo para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio. Según las fuentes consultadas, los empresarios supuestamente vendían los pisos a un precio muy superior al que exige la calificación de protección oficial, pero escrituraban la cantidad establecida por la normativa de la Comunidad de Madrid. De este modo, se quedaban con buena parte de dinero sin declarar.
Entre otras empresas, el blanqueo de fondos se canalizaba a través de la televisión local del Corredor del Henares, a cuyos trabajadores se pagaba gran parte de la nómina en dinero negro. Esta cadena local se ubica en un polígono de Coslada que acoge la mayoría de las naves de las empresas de los hermanos, que cuentan con gestorías, concesionarios de vehículos, ferreterías, industrias gráficas y constructoras, entre otras tantas.
Según fuentes consultadas, los trabajadores de esta televisión local comenzaron a recibir la nómina de manera íntegra en junio, coincidiendo con el desmantelamiento de la trama de corrupción dirigida por Ginés. A finales de junio, la Dirección despidió a 15 empleados.
DETENCIONES Y REGISTROS
El operativo policial contra esta red corrupta de tipo económico podría ponerse en marcha a la vuelta de las vacaciones con la práctica de varias detenciones y registros, adelantaron las fuentes consultadas.
La investigación patrimonial abierta contra los imputados en el 'caso Coslada' dio la pista contra el nuevo entramado corrupto, dando lugar a una investigación paralela que se encuentra en fase de inicio. El juez Eduardo Cruz Torres separó del procedimiento judicial abierto a raíz de la 'Operación Bloque' una pieza separada para dilucidar el enriquecimiento económico de los acusados.
Tras detectar extraños entramados de cuentas, el magistrado acordó embargar los fondos económicos del cerebro de la trama corrupta, Ginés Jiménez, su 'número dos', Carlos M.G, Fernando J. M. y Felipe G. L., entre otros. En unos de los registros al domicilio de Ginés, la Policía halló en el trastero unos 20.000 euros en efectivo. El ex jefe de la Policía local de Coslada se escudó en que había cobrado una herencia de un familiar.
Durante los rastreos económicos, los agentes del Grupo XVI de la Policía Judicial, que investigan a organizaciones criminales de antiguos países del Este (OCAPE), detectaron movimientos extraños que desvelaron la existencia de otra trama al margen de la investigada. Los policías derivaron el caso al Grupo VII de la BPPJ de Madrid, que se encarga de investigar delitos económicos de blanqueo de capitales.
