MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Asamblea del Centro Social Okupado 'La Morada' y la Asociación por la Transparencia y los Derechos Humanos han presentado una denuncia contra la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, por un presunto delito de prevaricación en el desalojo del centro ubicado en los números 5 y 7 de la calle Casarrubuelos de la capital.
En denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, sus impulsores atribuyen un presunto delito de prevaricación contra Dancausa al entender que el desalojo de dicha casa okupa efectuado la mañana del pasado 20 de abril de 2016 "se produjo de forma ilegal".
Así, la denuncia expone que existía un auto judicial del Juzgado de Instrucción número 18 de Madrid del 11 de diciembre de 2015 en el que "se denegaba la solicitud de desalojo planteada por la propiedad del inmueble". El auto fue recurrido por la propiedad del inmueble y se encuentra hasta la fecha en la Audiencia Provincial de Madrid.
En este sentido, las asociaciones sostienen que hubo un "allanamiento ilegal" del inmueble y que se llevó a cabo por guardias de seguridad de la empresa Prosegur que fueron enviados por la propiedad del inmueble.
Los afectados también critican la actuación llevada a cabo posteriormente por la Policía Nacional, ya que, "los agentes procedieron al desalojo efectivo de los legítimos usuarios del local y procedieron a la detención de diversas personas siguiendo las órdenes de la Delegación de Gobierno".
EL RELATO DE LOS DENUNCIANTES
Según relatan los denunciantes en el escrito presentado al Juzgado de Guardia, la madrugada del 20 de abril de 2016 dos guardias de seguridad "procedieron a reventar la cerradura de la puerta del inmueble y se encerraron dentro del mismo". Los hechos fueron conocidos por los usuarios del centro alrededor de las 14 horas de ese mismo día cuando una persona acudió al centro y se encontró con la puerta forzada.
Al conocer la situación, algunas personas se desplazaron hasta la calle del centro lo que provocó que los guardias de seguridad que se encontraban en el interior del inmueble avisaran a la Policía Nacional que se personó poco después en el lugar. La actuación policial acabó con la detención de 32 personas.
Las personas que estaban allí presentes denunciaron a los agentes por allanamiento del centro social, a lo que los efectivos contestaron que "existirá una orden judicial de desalojo". Al ser requerida esta orden judicial, los denunciantes sostienen que los policías "les dieron una serie de respuestas incoherentes" para finalmente indicar "que ellos no tenían la orden en su poder".
La abogada de los usuarios del centro social le entregó a un mando policial el papel con la orden del juez "que no autorizaba el desalojo de La Morada", según consta en la denuncia. Sin embargo, el mando le respondió que "le daba igual ese papel" e insistieron que "ellos cumplían órdenes de Delegación de Gobierno".
No obstante, según informaron en su momento a Europa Press fuentes policiales, se había desalojado reviamente a los okupas una resolución judicial y las detenciones se produjeron cuando trataron de okupar nuevamente el número 5 de la calle Casarrubuelos por desobedecer dicha resolución.
'La Morada', fue okupada en septiembre de 2012. Desde entonces, en el edificio se celebraron varias actividades desde jornadas antirrepresivas, hasta asambleas de vivienda, Coordinadora 25S- y culturales. Se trata de un local de dos plantas, situado en el número 5 de la calle Casarrubuelos, con una superficie total de 1.200 metros cuadrados, y propiedad de una inmobiliaria.
