MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Asociaciones de Padres (FAPA) Francisco Giner de los Ríos estimo hoy que la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid debería "revisar" todo lo que está haciendo en esta materia después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya anulado el Decreto 134/2008 que regula la financiación del primer ciclo de Educación Infantil.
En su opinión, esta sentencia es "una prueba más" de que las cosas "se están haciendo muy mal" en la Consejería de Educación. "Si sumamos esta sentencia a la que en su día anuló el artículo segundo de la Orden 3885/2008, por la que se regula el nombramiento de Director en las Escuelas Infantiles de gestión directa de la Comunidad de Madrid, hay que decir que el despropósito en la gestión de la Educación Infantil que realiza la Consejería de Educación alcanza ya niveles que difícilmente se pueden soportar", apuntan.
La sentencia emitida con relación al Decreto 134/2008, anula el mismo en su totalidad debido, en su opinión, a que la Consejería de Educación "ni tan siquiera ha respetado los procedimientos legales para poder aprobar dicho Decreto, saltándose en su día un trámite absolutamente necesario, la preceptiva audiencia al Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid".
"Ahora la Consejería de Educación deberá empezar el proceso otra vez desde ese punto para cumplir con sus obligaciones", señalan desde la FAPA, quien por otro lado reconocieron que el Tribunal no entró a valorar el otro argumento expresado por la FAPA en su recurso sobre el contenido del mismo.
Para los padres, el Decreto vulnera lo estipulado en la LOE en cuanto a que los convenios con entidades privadas sólo podrán hacerse con aquellas que carezcan de ánimo de lucro, "cosa que la Consejería de Educación obvió, a pesar de ser avisada por ello en el trámite de dictamen del Decreto en el seno del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid mediante un voto particular que formuló la FAPA en su día".
Por ello, esperan que en este nuevo proceso, la Consejería lo tenga en cuenta, porque, de lo contrario, se verán obligados a presentar un nuevo recurso. "Es hora de que la Consejería revise las decisiones que están tomando algunos de sus responsables y cambie la actitud actual hacia una de escucha activa", insisten.
En ese sentido, apuntan que cuando las organizaciones implicadas en la educación, como es el caso de la FAPA Giner de los Ríos, dicen algo, no lo hacen "sin motivos", y, en su opinión, "la razón, tarde o temprano, se le da a quien la tiene".
Por su parte, la Consejería de Educación ha solicitado un dictamen al Consejo Consultivo sobre este Decreto, ya que es esta la "cuestión formal" por la que se ha anulado. El Alto Tribunal así lo decidió porque no cuenta con el dictamen de este organismo y la normativa establece que "la ausencia de este trámite preceptivo conlleva la nulidad de pleno derecho de tal disposición general, con la consiguiente reposición del procedimiento administrativo al momento inmediatamente anterior al que fue omitido el trámite".
