MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -
El diputado del PP en el Congreso de los Diputados Mariano Pérez-Hickman se ha acogido este miércoles a su condición de aforado para no declarar en el juicio por la denuncia presentada por un vecino ante supuestos malos olores y vertidos de la depuradora de Húmera.
Pérez-Hickman accedió la semana pasada a su escaño en el Congreso tras la renuncia de Soraya Sáenz de Santamaría. Por contra, sí ha declarado en el Juzgado número 1 de Pozuelo la actual alcaldesa del municipio, Susana Pérez Quislant.
Las personas que estaban citadas eran los cargos públicos que desde el año 2005 "tuvieron responsabilidades de gestión además de a todos sus tenientes de alcalde". Entonces Quislant era teniente de alcalde.
Fuentes conocedoras del caso han informado a Europa Press de que los testimonios de quienes han prestado declaración hasta ahora "van en la misma línea" al afirmar que "no tenían información, que era algo de técnicos, inconcreto, y que ellos, a partir de la denuncia es cuando se enteran".
Desde Somos Pozuelo han valorado como "positivas" las conclusiones que su acusación popular ha extraído tras interrogar a una decena de cargos públicos del PP. "Detectamos versiones muy contradictorias entre las declaraciones. Algunos de los investigados llegan a responsabilizarse mutuamente de los hechos que han dado lugar al inicio de las actuaciones", ha indicado Pablo Perpinyà, el portavoz de Somos Pozuelo.
"Lo más alarmante es que hay miembros del Gobierno que afirman no saber nada de la depuradora a pesar de ser un asunto de su competencia, tal y como ha quedado probado con la documentación que hemos aportado. Esa negativa a hacerse cargo de la situación es la que nos hace pensar que son conscientes de la gravedad de los hechos", ha añadido.
Desde Somos Pozuelo han confirmado que estarán presentes en la declaración de Hickman en el Supremo y no han descartado solicitar la imputación de otras personas. "Hay otros cargos públicos del PP que por la posición que ocupan o que han ocupado podrían tener responsabilidad sobre el presunto delito medioambiental. Estamos valorando la situación", ha concluido.
