MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
La portavoz socialista en la comisión de investigación sobre la situación económico-financiera de la empresa Madrid Calle 30 y su incidencia sobre las cuentas del Ayuntamiento, Mercedes González, ha instado a acudir a la Fiscalía con lo investigado en estos meses y recogido en el dictamen hoy aprobado, del que se deduce que las obras fueron "ilegales y nulas" y cuyo coste alcanza los 9.400 millones de euros teniendo en cuenta gastos de financiación, mantenimiento y conservación.
Esta cantidad es superior a "la de las obras de la segunda ampliación del Canal de Panamá". La edil ha instado a solicitar un informe jurídico independiente para que todo lo investigado "acabe en manos de Fiscalía" para determinar responsabilidades por unas obras que pagan los madrileños y que seguirán pagando sus nietos pero por las que "la derecha aún no ha pagado nada".
"Con Calle 30 se hizo realidad el principio político del fin justifica los medios" porque las obras son la consecuencia del acuerdo "entre la derecha política, que representaba Alberto Ruiz-Gallardón, y la derecha económica, representada por las grandes constructoras de este país", ha lanzado. Unido todo ello a una esencia "megalómana" de Gallardón con las infraestructuras de Madrid, para quien "nunca hubo obstáculo insalvable".
González ha comenzado su intervención recordando que el Ayuntamiento gobernado hasta 2003 por el también popular José María Álvarez del Manzano reclamó al Ministerio de Fomento la cesión de la M-30 para poder invertir en ella entre 80 y 90 millones y modernizarla.
En la campaña electoral de ese año, con Gallardón de cabeza de lista, "el ingeniero Manuel Melis, portavoz de las obras", dio a conocer la intención de construir dos by-pass para tres carriles por sentido, trabajos "para los que no había tuneladoras" de esa magnitud.
"Pero alguien había ido a Alemania y Japón a visitar las empresas que podían fabricarlas y encargaron el diseño, quizás el inicio de la construcción. No se encargaron en nombre del Ayuntamiento porque Gallardón no era alcalde y el Ayuntamiento (de Manzano) no sabía nada pero casualmente las dos empresas que compraron las tuneladoras fueron las adjudicatarias de las obras y socios de Calle 30", ha expuesto.
La edil del PSOE ha puesto sobre la mesa la corta duración de las obras en comparación con otras infraestructuras, como los 20 años que tardó en ejecutarse la circunvalación de París. A eso ha unido que el Ayuntamiento "cometió un fraude de ley" cambiando el nombre de autopista a vía urbana para no tener que hacer declaración de impacto ambiental, que podía retrasar los trabajos y su inauguración en plazos electorales. Además la obra se troceó en 17 proyectos para que el Consejo de Estado no tuviera que emitir un dictamen del global y encontrara reparos.
La socialista ha recordado que su grupo e IU acudieron a la Fiscalía pero que "el fiel escudero del PP, el fiscal Manuel Moix, archivó las denuncias". Tribunales como el Superior de Justicia de Madrid manifestó que sí se necesitaba evaluación ambiental, igual que el Tribunal de la Unión Europea. "Las obras son ilegales, lo dice el TSJM en tres sentencias en el año 2011, lo dice el Tribunal de la UE. Toda la obra es nula e ilegal pero la finalidad del Gobierno de Gallardón se cumplió, que la obra se hiciera, de modo que la derecha política estaba contenta y la económica satisfecha", ha añadido.
