MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado la nueva Tasa por Prevención y Vigilancia Especial de Viviendas de Torrejón de Ardoz, por la que el Ayuntamiento aplicaba un nuevo gravamen de unos 700 euros al año desde 2016 por cada vivienda vacía propiedad de las entidades bancarias.
Así lo expone la sección novena de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM en una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, que estima el recurso interpuesto por el grupo municipal Ganar Torrejón contra esta tasa, que consideraba ilegal pues se cobraba una tasa específica por un servicio de vigilancia pública general. Además, se condena en costas al Consistorio.
"Pese a que con reiteración se advierte a la demandada (Ayuntamiento) de la necesidad de identificar en qué consiste el servicio por el que se gira la tasa, y de diferenciarlo del servicio de vigilancia pública en general, este esfuerzo, acaso por imposible, no se realiza", recoge el fallo del alto tribunal.
La Sala considera que las características del servicio, "por su propia naturaleza", de vigilancia y patrulla en vía pública solo se concibe como de vigilancia pública en general, "pues es obvio la presencia policial en la vía pública previene la comisión de cualquier tipo de infracción y, en especial, de las más graves tipificadas como delito".
Además, traslada al Consistorio que la okupación ilegal es un fenómeno tipificado por el Código Penal y que no se puede repercutir el coste del servicio de prevención "a quien lo sufre", en este caso los titulares de las viviendas.
En un comunicado a raíz de la sentencia, Ganar Torrejón asegura que el fallo es un "importante tirón de orejas" al Gobierno municipal en relación a los argumentos que utiliza para defender su decisión al "acusar directamente a los bancos de fomentar el fenómeno de la ocupación ilegal" por su "manifiesto desinterés por sacarlas a las venta (las viviendas) en condiciones que no sean ventajosas".
El portavoz del grupo municipal Ganar Torrejón (IU-EQUO), Paco Hernández, celebra que la sentencia haya "tumbado la decisión arbitraria" de los concejales del PP al apoyar en Pleno la creación de esta tasa.
"Más allá de la ilegalidad manifiesta que supone proteger con dinero público algo que ya se vigila per se, ¿qué otro sentido tiene una tasa que sólo se acuerda de los pisos vacíos de bancos y entidades financieras y no de particulares? Realmente, ¿qué le supone a un banco una tasa de 600 ó 700 euros al año frente al enorme capital que manejan y el patrimonio que gestionan?", se preguntan desde el grupo.
