MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) ha comunicado a la representación laboral su intención de emprender un procedimiento de despido colectivo que afectaría a unos 75 trabajadores del Personal de Administración y Servicios en la modalidad laboral que fueron readmitidos por sentencia del Tribunal Supremo en junio del año pasado.
La Gerencia de la universidad ha comunicado ya a los sindicatos el preaviso de un Expediente de Regulación de Empleo, en la que se insta a nombrar los representantes para una negociación con el centro, para así iniciar el periodo de consultas marcado antes de aplicar el expediente de regulación, han indicado a Europa Press varios empleados afectados.
A causa de las dificultades económicas que atravesaba el centro, la UPM decidió amortizar 301 plazas del Personal de Administración y Servicios, de los cuales 156 pertenecían al PAS Laboral y 145 al PAS Funcionario.
La medida fue recurrida ante la Justicia y el Tribunal Supremo acordó el año pasado en sentencia firme la nulidad de la amortización de las plazas del personal laboral, instando a su reincorporación. En el caso del PAS Funcionario, se está pendiente de dictamen por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
En un correo electrónico, al que ha tenido acceso Europa Press, el rector de la UPM, Carlos Conde, avanza que ha comunicado a las centrales sindicales y a los comités de empresa laborales que el centro prevé iniciar un proceso de despido colectivo, que solamente afectará a 75 trabajadores que aún quedan afectados por la sentencia.
Diversos trabajadores afectados han apuntado que el resto del personal que había sido readmitido, ha optado finalmente por acogerse a la fórmula de despido improcedente, aceptando una indemnización y desvincularse del centro.
SIN TRABAJO PERO CON SUELDO
Uno de los trabajadores que se verá afectado por este ERE, Jesús Page, ha indicado que los sindicatos están comunicando a los empleados esta situación. En este punto, indica que en su caso acude a la universidad pero que no tiene puesto de trabajo y no realiza ninguna función a pesar de que está percibiendo un sueldo.
Además, agrega que no tiene ningún correo corporativo y que, en este sentido, no ha recibido directamente la comunicación sobre el ERE y que no percibe nóminas. Page añade que su situación la padecen el resto de personal laboral readmitido.
EL RECTOR ESPERA QUE SE ALCANCE UN ACUERDO "FAVORABLE"
En el correo del rector, Conde detalla que la amortización se acometió por las dificultades económicas que atravesaba la universidad y tras no obtener un acuerdo con los representantes de los trabajadores en las mesas de negociación que se crearon.
"Una vez readmitidos los trabajadores en cumplimiento de la citada sentencia, al no existir las plazas porque fueron amortizadas en dicho Consejo de Gobierno, una buena parte de ellos han optado por extinguir su relación laboral aplicando la imposibilidad legal prevista en la Ley reguladora de la jurisdicción social", expone el rector.
Recalca que en diciembre del año pasado la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social ha emitido una diligencia en la que requiere a la universidad para que "tome las medidas necesarias para finalizar la situación de provisionalidad actual de estos trabajadores cumpliendo lo establecido en la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio de 2014". Ante ello, ha comunicado el preaviso de ERE.
Durante este procedimiento se realizará un periodo de consultas con la comisión creada a tal fin, y el rector espera que el proceso "culmine con un acuerdo lo más favorable posible para dichos trabajadores".
"Deseo que así finalice la aplicación de las medidas tomadas en el Consejo de Gobierno de marzo de 2012, que junto a otras estratégicas de reestructuración, contención del gasto, captación de mayores ingresos y mejora general de la gestión, nos están conduciendo al objetivo de alcanzar una situación económicamente sostenible", concluye la misiva.
