BILBAO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -
El magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska se muestra optimista sobre la desaparición de ETA, aunque cree que su final "no traerá una Euskadi normalizada". Por otra parte, cree "innecesario" un endurecimiento de las penas en los delitos de terrorismo.
En una entrevista al diario El Correo, recogida por Europa Press, afirma que la banda armada se encuentra en "una situación de debilidad importante", no sólo por los últimos golpes, sino por todas las operaciones que se han desarrollado desde hace más de una década y, "de manera especial", por la "estrecha" colaboración con las autoridades francesas.
"Podemos decir que en este campo estamos ante un único Estado que, con todos sus resortes, lucha contra el terrorismo de forma conjunta, por explicarlo de una forma gráfica. Pero la debilidad de ETA no es sólo operativa. La banda también sufre una sensible pérdida de apoyos sociales, lo que no quiere decir que no tenga capacidad de acción. Buena prueba de ello es la tonelada de explosivos que se ha encontrado estos días en Francia, además de las armas o las bombas lapas", añade.
Grande-Marlaska se muestra "optimista" sobre el final de ETA y señala que la capacidad operativa de ETA ha disminuido "de forma importante" en los últimos diez años. En este sentido, asegura que, desde ese punto de vista" "sí que podremos ver su fin, como vemos el fin de los GRAPO, una organización reducida al mínimo aunque a veces pueda cometer una acción delictiva".
Sin embargo, cree que lo que no se verá es una sociedad "suficientemente restablecida". A su juicio, eso "tardará bastante, muchos años".
"ETA ha afectado a toda España, pero de forma particular a los ciudadanos vascos y navarros. Son personas que han visto el terrorismo y lo han mamado. Ha afectado a su vida, a su forma de comportarse, a la sensibilidad social. Ha habido generaciones que han nacido con el fenómeno terrorista. Y lleva tiempo recuperarse de eso. A una sociedad no le puede pasar inadvertida esa realidad. Aunque se acabe la violencia, habrá secuelas", añade.
No obstante, cree que todo lo relativo a la parte de la sociedad que ensalza a quienes comenten asesinatos "terminará cuando acabe la propia violencia". Grande-Marlaska asegura que, si no hay violencia no habrá personas que, "por razones difícilmente comprensibles", puedan justificar esos crímenes.
"Yo me refiero a los ciudadanos que, al desaparecer el miedo, deberían poder volver a manifestarse libremente. Volver a vivir en libertad. La libertad es un derecho consustancial de la persona; pero, cuando no lo has desarrollado en tu devenir vital, imagino que será complicado hacerlo. Nos costará y nos cuesta", apunta.
CAMPAÑA DE INTERIOR
Por otra parte, en relación a la política de Interior de retirar las fotos de presos de ETA de las calles vascas, asegura que no puede "decir mucho sobre ese tema". El magistrado de la AN afirma que la obligación de toda autoridad es la de impedir la comisión de hechos delictivos y la valoración del alcance penal de esos hechos "depende de muchas circunstancias, como el objetivo de la colocación de las fotos, el escenario, etc".
El magistrado de la Audiencia Nacional asegura que son supuestos que deben ser analizados "con suficiente seriedad". "Existe un debate entre lo moralmente inaceptable y lo que es penalmente relevante. Son dos cosas distintas. Un hecho puede ser socialmente inaceptable, dentro de una ética común, pero puede ser penalmente no relevante. Y puede ser socialmente detestable y también penalmente relevante", añade.
En relación a que los jueces tomen decisiones opuestas ante convocatoria de manifestaciones de la izquierda abertzale, apunta que se puede producir esa confusión, pero precisa que son resoluciones judiciales "tanto las que prohíben esas manifestaciones como la que no, y que siempre pueden ser objeto de recurso".
Grande-Marlaska explica que lo importante de una resolución judicial es que "sea motivada y que justifique el sí o el no". "No podemos llegar al automatismo de que todo acto que se convoca y cuya suspensión se pide es idéntico a otro, aunque pueda parecerlo. Con esto no quiero decir que, en un momento dado, las decisiones judiciales no puedan ser erróneas, tanto las que autorizan como las que prohíben, insisto. Es perfectamente factible que un mismo juez entienda que en un hecho existe un delito de exaltación del terrorismo y, en otro, que se debe primar la libertad de expresión", afirma.
Por otra parte, asegura que la Audiencia Nacional no ha notado cambios en el papel de la Ertzaintza con la llegada del PSE a la consejería de Interior.
En relación al debate sobre el endurecimiento de las penas a los terroristas, afirma que, tal y como es la realidad penal española actual, la respuesta a los delitos de terrorismo "ya es suficiente". Grande-Marlaska asegura que no se puede olvidar que los delitos graves tienen una condena de 40 años y que existe un cumplimiento íntegro de las penas. "Analicemos la edad de un condenado por estos casos y veamos cuál es su proyecto vital", añade.
Preguntado porque la sociedad, sin embargo, recuerda casos como el de Iñaki de Juana Chaos, asegura que esa es la "gran servidumbre" que tiene el Estado de Derecho. El juez afirma que hay que tener en cuenta "cuál era la ley en el momento de comisión de los hechos y lo que el legislador entendió oportuno". A su juicio, lo que el Estado de Derecho no puede es "responder ante situaciones injustas vulnerando la ley" porque sería "cometer una doble injusticia".
En relación a la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que avala la aplicación de la Ley de Partidos a Batasuna y su ilegalización, afirma que los jueces españoles se han sentido respaldados y el mismo también porque "incluso he procesado a miembros de Batasuna".
Grande-Marlaska afirma que lo que dice el Tribunal europeo "late" en la ley de partidos. Recuerda que esta ley excluye que un partido pueda utilizar la violencia como un medio ilícito para alcanzar sus fines. A su juicio, no se están ilegalizando ideas, "sino medios violentos para alcanzar esas ideas".
"Eso es fundamentalmente lo que viene a establecer la sentencia de Estrasburgo. Es decir, una sociedad democrática tiene que defenderse de aquellos que quieren acabar con la democracia desde la violencia", destaca.
Ante las palabras del ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunciando la posibilidad de que la izquierda abertzale que apoya a ETA intente buscar un subterfugio para condenar la violencia con el único objetivo de superar la ilegalización, indica que no se pronuncia sobre este tema porque "cualquier día podría tener que ver con el asunto".
"Pero la ley nos obliga a que cualquier cuestión sea lo suficientemente valorada y esté amparada por medios de prueba. Cualquier decisión, en un sentido u otro, insisto, tendrá que estar amparada en medios de prueba", señala.
PRESIONADO
Por otra parte, ante el hecho de que el año pasado la Guardia Civil desmantelara un comando que pretendía matarle en Ezcaray, indica que su vida no ha cambiado "para nada" desde entonces y señala que no le sorprendió porque, mientras estaba en Bilbao, su nombre ya apareció en otro comando y estando en la Audiencia Nacional, llevando casos de terrorismo, "es bastante razonable tener alguna papeleta".
Por otra parte, respecto a la negociación entre el Gobierno y ETA en 2006 y a su papel "polémico", reconoce que fue "polémico" y que, en todo momento, "equivocándome o no equivocándome en mis resoluciones, siempre actué como actúo ahora".
Grande-Marlaska asegura que no existieron presiones porque, "si me hubiera sentido presionado, ya me habría ido de la Audiencia Nacional".
