MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
Cinco magistrados del Tribunal Supremo, que integran la sala de admisiones de la Sala de lo Penal de este órgano, se reunirán a partir de las 19.30 horas de este lunes para estudiar si inician la tramitación de la querella por rebelión, sedición y malversación presentada por la Fiscalía contra los exmiembros de la Mesa del Parlament que participaron en el denominado 'procés' y la declaración unilateral de independencia.
El ponente de la resolución será el propio presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, y completarán este órgano los magistrado Andrés Martínez Arrieta, Julián Sánchez Melgar, Juan Ramón Berdugo y Luciano Varela, han informado fuentes del alto tribunal.
La querella interpuesta este viernes por la Fiscalía ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo se presenta contra un total de seis pesonas: la ex presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, el que fuera miembro de la Mesa hasta el pasado mes de julio y actual presidente del grupo parlamentario Junts pel Sí Lluís Maria Corominas, los también miembros de la Mesa y diputados del mismo partido Anna Simó, Lluis Guinó y Ramona Barrufet --todos ellos miembros de la Diputación Permanente de este órgano, y por ello aforados-- y contra el secretario tercero de la misma Joan Josep Nuiet i Pujals, de ERC.
La competencia del Supremo respecto de todos ellos se justifica en el señalado en el artículo 57.2 del propio Estatuto de Autonomía de Cataluña para los miembros del Parlament, que atribuye al alto tribunal el conocimiento de la responsabilidad penal "fuera del territorio de Cataluña".
Para la Fiscalía, los hechos atribuidos a los parlamentarios "se han desarrollado más allá del territorio de Cataluña y han producido efectos traspasando el territorio de dicha comunidad autónoma, irradiando al resto del territorio nacional". Añade que el aforamiento de todos ellos subsiste en tanto mantienen sus cargos como miembros de la Diputación Permanente del Parlamento de Cataluña.
DELITOS DE LOS QUE SE LES ACUSA
Se les atribuye el delito de rebelión al entender que los "cimientos del Estado de Derecho han sido dinamitados" con sus actos, "realizados con absoluto desprecio" a la Constitución y problamando la independencia de una parte de la Nación española, que es "patria común e indivisible de todos los Españoles".
Añade que la violencia que requiere el tipo penal de rebelión "no exige que se esgriman armas, ni combate ni violencias graves contra las personas". "Se trata de un delito de resultado cortado o de consumación anticipada en el que es suficiente que con el alzamiento se haya producido un peligro objetivo para la consumación de los fines rebeldes", añade para justificar la atribución de este delito, el mismo por el que fueron condenados los responsables del 23-F.
En todo caso, de entenderse que algún elementos del delito de rebelón no concurre en los hechos objeto de esta querella, éstos serían constitutivos de un delito de sedición, el mismo por el que ya se encuentran en prisión los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural, Jordi Fernández y Jordi Cuixart, e investigado el exmayor de los Mossos d'Esquadra José Lluís Trapero y una de sus intendentes.
También cita la querella el delito que cita la "provocación, la conspiración y la proposición para cometer el delito de rebelión; el delito de malversación de fondos públicos -por el importante gasto que han generado sus comportamientos, "ontológicamente ajenos a la función pública"-.
