SANTANDER, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Cantabria ha encomendado a la empresa pública MARE (Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria S.A.) la realización de tareas de vigilancia para determinar los efectos de la alteración de la calidad ambiental en la salud de la población derivada de las actividades de Cementos Alfa en Valdeolea, la planta de tratamiento integral de residuos urbanos de Cantabria, ubicada en Meruelo, y la generación eléctrica mediante ciclo combinado en Torrelavega.
En el convenio de encomienda de gestión se reconoce que, por sus características, estas tres actividades emiten contaminantes al medio y pueden afectar a la calidad ambiental del entorno, lo que ha llevado a la Administración autonómica al diseño de un estudio de vigilancia de los efectos de la calidad ambiental en la salud de la población de los tres municipios en que se ubican dichas actividades.
Cementos Alfa de Valdeolea ha sido autorizada para la sustitución de parte del combustible fósil, por un combustible elaborado a partir de residuos tóxicos y peligrosos (fuel blending), una nueva actividad que produce energía para su propio proceso productivo, a partir de la valorización de residuos. Por su parte, la planta de tratamiento integral de residuos urbanos de Meruelo, se dedica a la producción energética derivada de la gestión de residuos urbanos de la Comunidad Autónoma.
Las tres actividades están sometidas a autorización ambiental integrada en cuya resolución se tiene en cuenta, entre otras cuestiones, la incidencia de las emisiones en la salud humana potencialmente afectada y en las condiciones generales de la sanidad animal.
"No obstante, a menudo, es difícil poner de manifiesto que las emisiones contaminantes afectan a la salud, fundamentalmente por la falta de mediciones adecuadas que permitan establecer esta correlación", señala el convenio, que fue firmado el pasado 13 de octubre por la vicepresidenta del Gobierno, Lola Gorostiaga, y el consejero de Medio Ambiente, José Ortega, en su condición de presidente de MARE.
La empresa pública medirá la calidad del aire en las tres zonas, realizará análisis estadísticos de los datos epidemiológicos y de sanidad ambiental que recopile y hará muestreos en la población afectada, entre otras tareas. Para la realización de esta encomienda el Gobierno abonará a MARE 200.000 euros) con cargo a los presupuestos de 2006 y 2007 (120.000 y 80.000 euros, respectivamente).
