El colectivo denuncia que Bélgica ha expulsado a más de 400 españoles
BRUSELAS, 12 Nov. (EUROPA PRESS -
La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que estudia las quejas de los ciudadanos, pedirá aclaraciones a las autoridades belgas sobre las órdenes de expulsión cursadas a decenas de ciudadanos de diferentes países de la Unión Europea, incluidos numerosos españoles, cuyos casos ha denunciado el colectivo 15M-Bruselas/Marea Granate.
La presidenta de la comisión europarlamentaria, la eurodiputada liberal sueca Cecilia Wikström, ha anunciado que pedirán explicaciones en este sentido al Gobierno belga tras escuchar la denuncia que les ha expuesto la ciudadana española, Sara Lafuente, portavoz del 15M-Bruselas/Marea Granate y quien remitió una queja respaldada por cinco firmantes en nombre del colectivo en abril de 2014. La Comisión de Peticiones entiende que las autoridades belgas pueden estar vulnerando los derechos a la libre circulación y de residencia dentro de la Unión Europea de los ciudadanos comunitarios.
"El derecho a la libre circulación es una de las libertades fundamentales de la UE, no puede violarse, somos unánimes al entenderlo así", ha subrayado Wikström, que ha confirmado que mantendrán abierta la queja a la espera de la respuesta del Gobierno belga, ha informado la Eurocámara en un comunicado.
Lafuente ha denunciado que las órdenes de expulsión y el borrado de los datos en el censo de residentes en Bélgica se ejecutan sin permitir a los interesados defenderse y ha criticado que el concepto de "carga no racional" que aducen las autoridades belgas no está definido de forma objetiva, algo que ha lugar a una gran discrecionalidad en las decisiones.
Además, ha cuestionado el sistema automático que aplica Bélgica de cruce de datos entre las autoridades de extranjería y los organismos locales encargados de las ayudas sociales, un control, a su juicio, exhaustivo sobre los ciudadanos de otros Estados miembros, que no respeta la igualdad de trato entre ciudadanos de la UE y supone, además, un incumplimiento de principios básicos de protección de datos personales.
Según los firmantes, este control lleva a la expulsión automática de extranjeros que superan los tres meses de ayuda social, vulnerándose con ello no solo la directiva comunitaria, sino la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que prohíbe expresamente las expulsiones colectivas y la normativa europea de tratamiento y protección de datos de carácter personal.
Lafuente ha considerado que estas prácticas desproporcionadas deberían preocupar a las instituciones de la UE porque contribuyen a crear, en su opinión, una subclase de ciudadanos abocados a la exclusión social y se están "llevando por delante el proyecto europeo".
Según datos del colectivo ciudadano, Bélgica expulsó entre 2013 y 2014 a más de 4.000 ciudadanos comunitarios, incluidos más de 400 eran españoles, la tercera nacionalidad tras rumanos y búlgaros y órdenes de expulsión en 2013 se han dirigido "incluso a ciudadanos con trabajo, contratados a través de diversos programas de fomento del empleo financiados con fondos públicos, por lo que la administración belga les consideraba "una carga para el sistema de ayuda social".
Aunque el 15M/Marea Granate admite que las autoridades belgas no han aplicado "repatriaciones forzosas", la mera eliminación de datos personales del registro o su negativa de registro produce "la muerte administrativa" de la persona afectada y pide a la Comisión Europea un cambio legislativo que obligue a retirar "la exigencia de recursos suficientes, de seguro de salud con cobertura suficiente y toda referencia a ser una carga para la asistencia social" de la directiva de 2004, para garantizar que ésta consagra "el derecho efectivo a la libre circulación y residencia de todas las personas con ciudadanía europea independientemente de su condición económica".
El colectivo ciudadano denuncia que la normativa actual "vulnera el principio de igualdad ante la ley y ampara el trato discriminatorio de ciudadanos europeos emigrantes, en especial de los que provienen del sur y del este de Europa, que sufren más duramente las consecuencias de la crisis económica" y denuncia que el caso de Bélgica "no es el único" y recuerda las expulsiones y legislaciones "extremadamente restrictivas" de libre circulación y residencia se extendían por países como Alemania, Reino Unido o Francia.
El gobierno alemán de la canciller Angela Merkel aprobó el verano pasado una ley que permite expulsar a los ciudadanos comunitarios que no encuentren trabajo en seis meses, mientras que el británico de David Cameron también ha propuesto el mismo cambio legislativo en noviembre de 2014, denuncia el colectivo ciudadano.
La Comisión Europea ha confirmado por su parte, a través de una representante, que la Oficina de Extranjería de Bélgica dictó 2.712 órdenes de expulsión de ciudadanos comunitarios en 2013 y que aunque los Tratados comunitarios recogen el derecho a la libre circulación y residencia, también estipulan algunas condiciones para ello.
BRUSELAS CUESTIONA GARANTÍAS PROCESALES PERO HAY CONDICIONES PARA QUEDARSE
En el caso concreto de Bélgica, la alta funcionaria comunitaria ha recordado que el Ejecutivo comunitario ya contactó con las autoridades belgas el año pasado porque el sistema belga plantea "ciertos interrogantes", especialmente en lo relativo a las garantías procesales y quiere saber, en concreto, si, durante el proceso administrativo los amenazados de expulsión tienen acceso a su expediente y si se les da la opción de exponer sus argumentos.
Además, ha recodado que la Comisión está a la espera de que el Tribunal de Justicia de la UE resuelva una cuestión prejudicial sobre el artículo 41 de la Carta de Derechos Sociales, relativo al derecho a la buena administración, y su aplicación a ciudadanos comunitarios, aunque no se espera que el tribunal europeo se pronuncie al respecto, previsiblemente, hasta finales del año próximo.
Por lo que respecta a las condiciones que establece la normativa europea para quedarse en otro Estado miembro, la normativa europea establece que en el caso de las estancias de más de tres meses, los ciudadanos de la UE pueden residir en otro Estado miembro siempre que trabajen, busquen empleo o dispongan de fondos para subsistir y un seguro de enfermedad completo.
Si no cumplen o dejan de cumplir esas condiciones, los Estados miembros "pueden, aunque no es obligatorio", retirar el permiso de residencia, que se puede mantener en todo caso "siempre que no sean una carga no razonable para el país de acogida".
La eurodiputada de Izquierda Unida, Ángela Vallina, considera que Bélgica está violando las normas comunitarias tal y como ha sostenido la activista. "¿En qué se va a convertir la UE si se juzga a los ciudadanos por el número de ceros en su cuenta bancaria?", ha denunciado la eurodiputada, que ha insistido en que las expulsiones de Bélgica son un caso de discriminación por motivos económicos.
