También que se "engañó gravemente" a los ciudadanos respecto a las características de la alta velocidad
MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma Víctimas Alvia 04155 ha presentado este viernes dos denuncias contra el Estado español ante el Parlamento Europeo en relación con el accidente de tren ocurrido en Santiago de Compostela el 24 de julio de 2013, una por publicidad engañosa y otra por no cumplir la normativa europea sobre seguridad ferroviaria que se debe aplicar en la alta velocidad.
Víctimas y familiares, acompañados por representantes del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Izquierda Unida y Unión, Progreso y Democracia (UPyD), han presentado las denuncias en la Oficina del Parlamento Europeo en España, frente a la cual se han concentrado en silencio y con pancartas en las que exigen "saber la verdad", piden una comisión de investigación parlamentaria y denuncian que ningún cargo del Ministerio de Fomento haya dimitido a raíz del accidente.
La denuncia por publicidad engañosa se basa en que el Gobierno "engañó gravemente" a los ciudadanos respecto a la seguridad y características de la alta velocidad al afirmar que el tren y la línea donde ocurrió el accidente --que provocó la muerte de 81 personas y dejó heridas a más de 140-- contaban con "la última tecnología y sistemas de conducción automática (ERTMS)".
En cuanto al incumplimiento de la normativa de seguridad ferroviaria, la asociación apunta a la "falta de independencia" de los organismos de investigación y a la ausencia de control de riesgos, de nueva verificación al producirse cambios sustanciales en la seguridad y de documentos que acrediten la homologación del material rodante.
FALTA DE TRANSPARENCIA "INTOLERABLE"
Asimismo, las víctimas han trasladado al Parlamento Europeo su situación de "total desprotección", pues aseguran no tener acceso a información alguna por parte del Ministerio de Fomento y de las empresas adscritas al mismo, Renfe y Adif, que "no reconocen responsabilidad alguna en el citado accidente". En conclusión, ven "una falta de transparencia intolerable".
Las denuncias se registrarán en Bruselas y, una vez que se incluyan en el orden del día de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, un portavoz de la asociación podrá ir a presentar sus argumentos. Según ha explicado a los periodistas la portavoz del BNG en Europa, Ana Miranda, el Ejecutivo comunitario dará a conocer su parecer sobre las denuncias dentro de unos seis meses.
"Lo que queremos es que permanezcan abiertas", porque "el PP siempre tiende a querer cerrar las denuncias, pero no vamos a permitirlo", ha manifestado Miranda, que ha expresado su deseo de que finalmente se pueda oír la voz de las víctimas, generando una ola de solidaridad, y "dar una dimensión europea" a sus reivindicaciones.
Tras señalar la importancia de que los sistemas de seguridad en la alta velocidad se homologuen y que se legisle para evitar futuros accidentes, la nacionalista gallega ha advertido de que el pronunciamiento de la Comisión Europea podría abrir un procedimiento de infracción contra España por incumplimiento y exigir un resarcimiento.
EXIGEN SABER LA VERDAD
En nombre de la plataforma, Javier García Municio, padre de uno de los fallecidos en el descarrilamiento, ha dicho que acuden al Parlamento Europeo porque en España se sienten "abandonados". "Sabemos que es una batalla larga y estamos dispuestos a resistir hasta el final, porque yo incineré a mi hijo pero no van a incinerar la verdad", ha afirmado.
Otra portavoz, Teresa Gómez-Limón, ha lamentado que en España --donde el PP ha rechazado crear comisiones de investigación parlamentarias para depurar responsabilidades políticas-- esté todo "cerrado y absolutamente oscuro".
Respecto al procedimiento judicial, actualmente en fase de instrucción, Gómez-Limón ha lamentado que solo esté imputado el maquinista. Además, "nos tememos que intenten que esto esté muy paradito hasta que pasen las elecciones generales", algo que "para nosotros es un desconsuelo", ha declarado.
También ha valorado el informe de la Universidad de Cantabria dado a conocer este viernes por 'La Voz de Galicia' que analiza las medidas de seguridad existentes en el momento del accidente. Gómez-Limón ha dicho estar de acuerdo con la idea de que este se podría haber evitado con el sistema ERTMS, pero ha negado que la normativa europea no sea buena, afirmando que la alta velocidad es "muy segura" y el problema surge cuando "no se cumplen" las medidas.
RESPONSABILIDADES POLÍTICAS
Por su parte, Caridad García, diputada de IU en el Congreso, ha dicho que dar a conocer este asunto a nivel europeo puede contribuir a algo que es "absolutamente necesario, que las víctimas sean reconocidas como tales, que se abran comisiones de investigación en todos los Parlamentos para determinar las responsabilidades políticas". Además, ha asegurado que desde el BNG van a seguir insistiendo en este último objetivo pese a la negativa de otros partidos.
En representación de UPyD, la diputada en la Asamblea de Madrid Elvira García Piñeiro ha subrayado que hay responsabilidades políticas por el accidente de Santiago y "de muy largo alcance", y ha lamentado el "silencio" de los responsables del sistema ferroviario y su "desprecio" a las víctimas. En este contexto, ha pedido que se conozca la verdad y que "quienes hayan tomado decisiones equivocadas lo reconozcan, sobre todo porque así se podrá rectificar".
Por otro lado, las víctimas han recordado que tienen un proyecto para grabar un documental con el que "aportar luz" en relación con el accidente, y han pedido la colaboración ciudadana para financiarlo a través de una plataforma de 'crowdfunding'. Desde principios de diciembre han recaudado más de 13.000 euros pero necesitan alcanzar los 50.000 antes de la segunda semana de enero.
