MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
El PP, el PSOE y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) creen que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) debería enterarse de si procede que mantenga una provisión de más de 16 millones de euros en sus cuentas por las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la venta de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur (Austral) en 2001.
Así lo recogen los tres grupos en las propuestas de resolución que han presentado en el Congreso a la 'Nota de seguimiento de las cuestiones pendientes de liquidar entre la SEPI y Air Comet, S.A. correspondiente al contrato de compraventa de Interinvest, S.A.', propuestas que este martes se debatirán en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
Y es que el organismo fiscalizador alertaba en su informe de que los procedimientos judiciales y administrativos que sucedieron a la venta de las dos aerolíneas a Air Comet, a través de la sociedad Interinvest, podían acarrear responsabilidades para la SEPI que, por ello, mantiene desde 2007 unas provisiones que a finales de 2013 ascendían a 16,1 millones de euros.
LA SEPI NO SABE NADA.
Sin embargo, la situación se complicó cuando el Gobierno argentino decidió expropiar ambas aerolíneas en 2008. De hecho, cuando el Tribunal de Cuentas preguntó al organismo que preside Ramón Aguirre sobre la situación actual del procedimiento, la SEPI argumentó que "no puede facilitar tal información al no ser parte en el procedimiento y carecer, en consecuencia, de cualquier conocimiento sobre su evolución y estado actual".
En estas circunstancias, el propio organismo recomendaba a la SEPI aclarar la situación actual, una petición que ahora hacen suya los grupos parlamentarios, que quieren que las Cortes insten a la SEPI a solicitar de Air Comet los datos necesarios para valorar si procede mantener la provisión o no.
Los socialistas creen que también la Intervención General del Estado (IGAE) debería reclamar esta información, así como valorar el certificado del auditor público argentino que constató la ampliación de capital por valor de 50 millones de euros comprometida por Air Comet, y sobre la que pesan dudas.
