Los costes generados por la medida acabarán incurriendo en los pasajeros
MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -
La aplicación de la directiva europea sobre el registro europeo de pasajeros de avión podría aumentar paradójicamente la sensación de riesgo y de inseguridad, según profesores de derecho y de ética de la Universitat Oberta de Catalunya, que aseguran que medidas de este estilo son propias de sociedades muy obsesionadas con el control y que además los costes acabarían recayendo en los pasajeros.
En su opinión estas medidas de seguridad y control hacen visible un estado de excepción que se vuelve normativo y que sitúa al ciudadano en un estado constante de alerta. A esto se suma que el estado se convertiría en un ente paternalista que indica lo que se puede realizar y donde está el peligro.
Este miércoles, 4 de mayo, se ha publicado en el Diario Oficial de la UE la directiva sobre el registro europeo de pasajeros de avión. A partir de ahora las aerolíneas deberán ceder, a la policía o a las administraciones, hasta 19 datos personales de todos los pasajeros que tomen un avión con origen o destino a la Unión Europea (UE).
El objetivo de esta directiva es combatir delitos terroristas y crímenes graves como el tráfico de seres humanos, el comercio de órganos, la pornografía infantil o el tráfico de drogas, entre otros.
El profesor de Ética de la UOC, Miquel Seguró apunta una dualidad emocional y de valores en Europa. "Sospechamos que constantemente se nos quiere alarmar con proclamas apocalípticas (la gripe aviar, por ejemplo), pensamos que esconden otros intereses para controlarnos y reducirnos, y nuestra libertad es algo inalienable. Pero, al mismo tiempo, sabemos que el clima actual de inestabilidad sociopolítica y de incertidumbre no nos queda tan lejos, y cualquier día un atentado nos puede afectar de forma directa".
En opinión del profesor de Ética el problema concreto del que nace esta directiva es el yihadismo, no es un problema socioeconómico, de choque de culturas o de crisis del proyecto europeo.
Por ello, el experto insiste en la necesidad de implicar a toda la sociedad en un debate maduro sobre los límites razonables de la seguridad, "trabajar sobre qué deseamos construir, qué valores comunitarios nos afianzan y asumir entre todos que el riesgo cero no existe".
NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD.
Para la profesora de Derecho Civil de la UOC, Mónica Vilasau, uno de los principales elementos de discusión de esta directiva es su "necesidad y proporcionalidad". La profesora apunta que "posiblemente sería más adecuado centrarse en determinados grupos de sospechosos, más que someter a escrutinio a toda la población que viaja".
Por otra parte, según establece la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea (CDFUE), cualquier limitación de los derechos debe respetar el principio de proporcionalidad, que pretende garantizar que se ha llevado a término una ponderación adecuada de los diferentes derechos implicados.
Sin embargo, según la especialista, "se hace difícil defender que este principio ha sido respetado, dadas las características y el ámbito de aplicación de la directiva: se recogen datos de todos los pasajeros y en todos los vuelos internacionales, y además los estados miembros pueden decidir aplicar la directiva a los vuelos internos de la UE".
Vilasau recuerda que el Grupo de Trabajo del Artículo 29 determinó que las medidas que conllevan una restricción en la protección de los derechos y libertades de las personas que viajan solamente se consideran proporcionales cuando son introducidas de forma temporal y respecto a una amenaza específica, "lo que no se cumpliría en la directiva aprobada", afirma la profesora.
EFECTOS ECONÓMICOS COLATERALES.
Desde el punto de vista económico, y respecto a los agentes que deberán velar por el cumplimiento de la normativa, Vilasau remarca que los posibles costes que se generen a raíz de esta medida "inicialmente recaerán en las agencias de viajes y las compañías aéreas, pero indudablemente se acabarán repercutiendo en los pasajeros".
Como alternativa, los críticos con el texto adoptado proponen redirigir el presupuesto dedicado a implantar esta directiva a proporcionar más medios a las autoridades policiales y mejorar el intercambio de la información que ya se posee y otorgarle más garantías.
