MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -
La modificación en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros y que supone ampliar la exención a todas las barcas de alquiler, independientemente de su eslora, costará a las arcas autonómicas 1,2 millones de euros al año según estimaciones del Gobierno.
Así se recoge en la Memoria de impacto económico del proyecto de ley por el que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras, documento al que ha tenido acceso Europa Press.
El cambio afectará, tomando como partida las altas en la lista sexta del Registro de Matrícula de Buques de la Dirección General de la Marina Mercante de 2012, a una veintena de embarcaciones deportivas o de recreo explotadas con fines lucrativos y cuya eslora supera los 15 metros, que a partir de ahora no deberán pagar este gravamen.
Dado que la mayoría de estos barcos dedicados al 'chárter náutico' son motoveleros, con un valor estimado medio de 600.000 euros por embarcación, el Ejecutivo calcula que se perderían unos 72.000 euros por matriculación. En total, 1,2 millones de euros que, según reconoce el Ejecutivo, no serán recaudadas por las comunidades autónomas, que tienen cedido totalmente este tributo.
"Esta medida debe interpretarse como mecanismo para fomentar la demanda de bienes y servicios relacionados con la náutica de recreo, puesto que la supresión de dicho límite de longitud de eslora para aplicar la exención podría flexibilizar el 'chárter náutico' y, en general, producir un efecto dinamizador de la demanda y así potenciar las actividades conexas", argumenta el Gobierno.
El PSOE ya ha pedido explicaciones sobre esta medida, al considerar que supone un nuevo ejemplo de cómo el Gobierno favorece a los más poderosos, y además ha registrado una pregunta en el Congreso para saber el número de empleos que generan las empresas de alquiler de embarcaciones, con el objetivo de saber si realmente está justificada la decisión.
De su lado, el portavoz de la Comisión de Fomento del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Andrés Ayala, ha valorado que el charter náutico es una actividad que genera "muchos puestos de trabajo", tanto directos como indirectos, y que en España tenía una competencia "desequilibrada" en comparación con otros países, fundamentalmente de la cuna del Mediterráneo, tras recordar que esta medida se refiere "exclusivamente" a las destinadas al alquiler y no protege ningún patrimonio.
TERRENOS Y VIVIENDAS.
El proyecto de ley, que será tramitado en el Congreso durante este mes de julio, también eleva al 95% la bonificación máxima que los ayuntamientos pueden aplicar en la cuota íntegra del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en las transmisiones de terrenos y en las transmisiones o constituciones de derechos reales de goces limitativos del dominio de terrenos sobre las actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo.
Sin embargo, el Gobierno no cuantifica el impacto de esta medida, dado que su aplicación es potestativa por parte de las entidades locales, aunque recuerda que no tendría en ningún caso incidencia en las arcas estatales ya que se trata de un impuesto de ámbito municipal.
También ha decidido el Gobierno prorrogar durante 2014 y 2015 los incrementos en los tipos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), lo que generará una recaudación anual de 450 millones de euros en términos de devengo que también beneficiarán a las arcas de los ayuntamientos.
La memoria de impacto del proyecto de ley tampoco precisa el aumento o reducción de los ingresos tributarios que se derivará de otros cambios como los que afectan a los derechos de importación o las bonificaciones del Impuesto de Sociedades por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla a partir del próximo 1 de enero.
IMPUESTO DE SOCIEDADES.
No obstante, sí se cuantifica cuánto supondrán el resto de modificaciones del Impuesto de Sociedades, algunos de los cuales no se notarán hasta dentro de uno o dos ejercicios debido a que su entrada en vigor podría producirse en 2014 o, incluso, en 2015.
Así, la decisión de no considerar deducibles en la base imponible las pérdidas por deterioros de valores en entidades participadas o en fondos propios de entidades a partir ocurridas desde el pasado 1 de enero, ni tampoco las rentas negativas obtenidas en el extranjero conllevará una recaudación adicional de 3.650 millones de euros anuales en término de devengo, si bien su efecto este ejercicio por los pagos fraccionados en caja se quedará en 578 millones.
También se ha ampliado a los próximos dos ejercicios la limitación de las compensaciones por bases imponibles negativas, lo que permitirá ingresar 810 millones al año a través de los pagos fraccionados; de las deducciones del fondo de comercio, lo que aportará 166 millones de euros en términos de devengo y otros 146 millones en términos de caja en 2014; de las deducciones en la cuota íntegra por la realización de determinadas actividades, lo que supondrá 300 millones en términos de devengo y 2010 millones en términos de caja; y de las deducciones por el inmovilizado intangible con vida útil indefinida, que conllevará ingresar 14 millones más.
Asimismo se han prorrogado a 2014 los pagos fraccionados incrementados para entidades con negocios inferiores a 10 millones anuales, lo que generará unos ingresos el próximo año de 1.015 millones, que "serán compensados al ejercicio siguiente por un flujo de signo contrario e igual cantidad correspondiente a las cuotas diferenciales que se liquiden en 2015 y que se refieran al devengo de 2014".
En relación con los pagos fraccionados, se ha establecido que en 2014 y 2015 el 25% del importe de los dividendos y de las rentas exentas se integrará en la base imponible del periodo, ampliándose así su ámbito temporal, con lo que se recaudarán 549 millones de euros. Mientras que extender dos años los pagos fraccionados mínimos en función del resultado contable para grandes empresas generará una recaudación de 1.335 millones de euros.
Por contra, extender indefinidamente (y no únicamente hasta 2014) las deducciones por inversiones en producciones cinematográficas, incluyendo en la base de la deducción los gastos por obtención de copias y los de publicidad y promoción hasta un 40% del coste que afronta el productor, costará 10 millones de euros anuales a partir de 2016.
IMPUESTO SOBRE GASES FLUORADOS.
La otra gran novedad de este proyecto de ley es la creación, a partir del 1 de enero de 2014, de un nuevo impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero, que gravará el consumo de este tipo de productos "atendiendo al potencial de calentamiento atmosférico".
Se trata pues de un impuesto medioambiental que se aplicará en función del peso de los productos expresado en kilogramos aplicando un coeficiente del 0,020 al potencial de calentamiento correspondiente a cada gas o preparado, con un límite máximo de 100 euros por kilo. Aunque el gravamen lo pagarán los fabricantes, importadores y empresarios revendedores, será repercutido al adquiriente final en el precio de venta.
Según señala el Ejecutivo en la memoria de impacto, este tributo podría generar una recaudación el año próximo de 340 millones de euros en términos de devengo y de 255 millones en términos de caja.
