ALMERIA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Almería ha dictado recientemente un auto, contra el que ya no cabe recurso alguno, en el que desestima un recurso de apelación presentado por el Grupo Popular del Ayuntamiento de Garrucha contra el sobreseimiento de la querella criminal interpuesta en 2003 contra el alcalde, Andrés Segura (PSOE), por supuestos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y falsedad documental.
Según el auto, al que tuvo acceso hoy Europa Press, no hay "suficientes indicios que permitan suponer la comisión de los delitos denunciados" y considera "innecesarias" las diligencias solicitadas por la parte querellante "para determinar la existencia del delito, en su caso, su autoría y la apertura o no de juicio oral", por lo que, "en consecuencia, no es procedente la práctica" de las citadas pruebas.
Los hechos se remontan a los meses de abril y mayo de 2003, poco antes de la celebración de las elecciones municipales. El grupo popular, con su portavoz, Ana María León, a la cabeza, interpuso una querella criminal contra el alcalde, Andrés Segura, y los concejales Nicolás Piñero y Martín López Peña.
En esas semanas, según reza la querella, trabajadores de la plantilla de laboral del Ayuntamiento de Garrucha realizaron diversas tareas de limpieza en las calles de la localidad entre las 16.00 y las 20.00 horas, es decir, fuera de su jornada ordinaria de trabajo, "y ello por mandato del alcalde". Por esos servicios, según el Grupo Popular, "cada uno de estos trabajadores percibió, en concepto de retribución, alrededor de 1.200 euros", lo que supuso "una cantidad total de dinero abonada de 9.600 euros".
La portavoz del PP pidió en varias ocasiones, una vez constituida la nueva Corporación y reelegido como alcalde Andrés Segura, que fuese informada del número de horas extraordinarias trabajadas y los datos relacionados con el descuento por IRPF y de la Seguridad Social realizado a los empleados. Fue el 15 de septiembre de ese año cuando el secretario municipal le trasladó que "no existían pagos por horas extraordinarias devengadas en el periodo abril-mayo de 2003".
Para la portavoz del PP, había "demasiados interrogantes y escasa o nula transparencia informativa si tenemos en cuenta que estamos hablando de dinero público", lo que motivó la presentación de la querella para la apertura de una investigación judicial.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Vera (Almería) ya dictó el 25 de enero de 2005 un auto acordando el sobreseimiento del procedimiento, auto que fue ratificado el 20 de septiembre por el mismo tribunal. Los querellantes interpusieron un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, órgano que desestima ahora este recurso planteado por la portavoz popular.
