ALMERÍA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Subdelegación del Gobierno central en Almería anunció hoy la interposición de recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la sentencia que anula licencia municipal de obras del local donde se ubica la Oficina de Extranjería al considerar que "vulnera" las disposiciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con respecto al uso de sótanos.
En una nota, la Administración sostiene que el citado permiso "se ajusta" a la normativa, defiende la actuación "escrupulosa" del Ayuntamiento de la capital y subraya que desde que se iniciase el servicio en julio de 2007 "su buen funcionamiento" debe descartar "plantear nuevamente polémicas vecinales afortunadamente superadas".
La sentencia del Juzgado de lo Contencioso número dos de Almería, dictada a instancias del recurso presentado por la Plataforma vecinal Minas de Gádor-San Luis considera el acto administrativo "no ajustado a derecho", ya que, según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en vigor, el local ubicado en la calle Marruecos tiene la calificación de sótano y, por tanto, su uso queda limitado a acoger "instalaciones al servicio de la edificación o aparcamientos".
El magistrado Jesús Rivera descarta, asimismo, que una oficina de atención al público pueda ser definida como "usos no residenciales complementarios", tercer supuesto de uso que la normativa urbanística dispone para sótanos y subraya que el local no cumple las condiciones para ser pieza habitable ya que el techo "no está a un metro de la cota de referencia del terreno".
INTENSA POLÉMICA PRE-ELECTORAL.
La Plataforma contra la oficina de Extranjería en Piedra Redondas-Minas de Gádor, que se convirtió en una de las primeras armas electorales por los últimos comicios municipales, protagonizó la última protesta el 16 de abril de 2007.
Previamente, una veintena de manifestaciones derivaron en la apertura de 15 expedientes administrativos sancionadores a algunos de los participantes por parte de la Subdelegación del Gobierno e, incluso, la imputación de un delito contra la seguridad de tráfico a un conductor que arremetió contra ellos por cortar la Carretera de Ronda de la ciudad.
La polémica por la apertura de la oficina de Extranjería acarreó, asimismo, la interrupción de un pleno del Ayuntamiento de la capital por parte del representantes del Comité de Empresa del puerto de Almería, quienes se oponían al traslado de la oficina a las instalaciones portuarias, tal y como exigen los vecinos de San Luis.
Durante dos concentraciones celebradas en diciembre de 2006 y enero de 2007, la Policía Nacional también tuvo que intervenir para sofocar conatos de agresiones, sin consecuencias, entre grupos de manifestantes y miembros de, al menos, dos grupos radicales que repartía octavillas xenófobas.
LA MÁS GRANDE DE ESPAÑA.
El local en el que se ubica la Oficina de Extranjería, la de mayor dimensión del país, cuenta con capacidad para acoger a 300 personas distribuidas en tres salas de espera y atenderlas en un hora.
La primera de ellas, donde se canalizan los usuarios según la clase de gestión que quieran realizar, cuenta con 50 asientos. La segunda de las dependencias, para ciudadanos comunitarios, tiene 20 sillas y ocho mostradores de atención al usuario, mientras que en la utilizada para solicitar permisos de trabajo pueden esperar al mismo tiempo entre 180 y 200 personas.
La oficina se encuentra delimitada, asimismo, con vallas y una jardinera el perímetro exterior de la oficina donde se han habilitado 12 plazas de aparcamiento independientes a las de los residentes en el barrio de San Luis.
