ALMERÍA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -
El exalcalde de El Ejido (Almería) y fundador del Partido de Almería (PAL), Juan Enciso, llegó a facturar a través de la empresa que mantenía con su mujer Francisca Aguilera, quien además era asalariada de la misma, cerca de medio millón de euros a siete sociedades vinculadas al Ayuntamiento de El Ejido o sociedades de otros investigados en el marco de la operación 'Poniente', que investiga la presunta trama de corrupción en el Consistorio y en la empresa mixta de servicios municipales Elsur.
Así consta en el auto de procesamiento dictado este lunes por el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Almería, Jesús Miguel Hernández, en el que apunta que la figura de Enciso sirvió para que sus familiares y allegados se beneficiaran mediante "precios abusivos" o "servicios inexistentes" de las "sobrefacturaciones" que se hacían entre la empresa matriz y el Consistorio, entre los que destaca la figura de su cuñado, José Francisco Aguilera; mientras que él se habría beneficiado de servicios "en especies".
Dentro de este pago "en especies", el auto destaca la "concurrencia" de contrataciones del Ayuntamiento y Elsur con el cuñado del alcalde, que tanto persona física como a través de una empresa, realizó trabajos entre 2002 y 2009 por valor de 5.552.065 euros "con un notable incremento a partir del año 2005", año en el que Enciso abandona las filas del PP y funda el nuevo partido.
Igualmente, entre 2002 y 2009 Enciso "habría recibido prestaciones en especie de Elsur" cuya cuantificación "no ha sido posible realizar por auxilio judicial" pero que liga a trabajos por parte de operarios de la entidad mixta en el cortijo y la bodega que el exregidor tiene en fincas de Laroles (Granada) y que "no se habrían cobrado".
El juez instructor apunta a la realización de diversos trabajos por operarios de Elsur en la sede del PAL "que no se le habrían cobrado" y a la contratación de familiares y allegados en la empresa, entre los que cita a una hija, un ahijado y dos primos y dos cuñados de su hija, entre otras personas.
El magistrado, que imputa al ex primer edil y exconsejero de Elsur los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y prevaricación, apunta otras "ventajas indirectas o en especie" de las que supuestamente se habría beneficiado Enciso, entre ellas la "ejecución de obras de reforma en viviendas de personas particulares o en la sede de algún partido con materiales, personal y medios de Elsur y a cargo de la referida empresa".
Por otra parte, también destaca aportaciones llegadas de otros grupos manifiestos en la trama a empresas vinculadas a Enciso desde 2002 hasta 2009, entre la que apunta que del grupo Galán, el exalcalde habría recibido 372.113 euros.
En cualquier caso, destaca el magistrado el papel del alcalde ante "una sobrefacturación de Elsur al Ayuntamiento de El Ejido" en la que él ha estado en "connivencia y participación" con el socio privado --Grupo Abengoa-- para efectuara un incremento "artificial y exagerado" del importe del canon anual por los servicios de mantenimiento y los precios de los servicios y obras realizados fuera de canon.
FACTURAS DE BODA Y ETIQUETAS PARA EL VINO
Asimismo, apunta que cargó a Elsur una factura de 1.874 euros por su estancia en un hotel para acudir a una boda de familiares implicados en la trama al tiempo que encargó a funcionarios del Ayuntamiento que elaboraran la documentación administrativa para poner en marcha la bodega de elaboración de vinos.
"Los diseños de las etiquetas y embalajes del vino son diseñados por el alcalde en el pc del Ayuntamiento", añade el auto del juez Hernández, quien entre otras cuestiones sobre el uso de personal del Consistorio y de la red derivada de Elsur apunta que "la secretaria del alcalde redactaba las cartas" y "confeccionaba las facturas" de empresas en las que tenía una cierta participación.
Más allá de estas cuestiones, la investigación judicial apunta que Enciso y el exinterventor municipal y supuesto 'cerebro' de la trama, José Alemán, tejieron unas relaciones que "se caracterizaban por procurarse favores de naturaleza mercantil" así como "lucrarse a costa de las subcontratas adjudicadas a empresas gestionadas directamente por los investigados o sus familiares".
Entre los "privilegios" a los que supuestamente tenían acceso se encontraría la posibilidad de financiarse a través de los créditos ICO, de los fondos estatales, aprobados y asignados a los municipios con el objeto de "paliar su deuda a corto plazo", así como los fondos del plan Proteja, de la Comunidad Autónoma.
En concreto, según ahonda el juez, "Juan Antonio Galán se encontraba a la espera de recibir unos 300.000 euros provenientes de los fondos ICO, ingreso que, según se deduce de las intervenciones, le estaría gestionando el interventor municipal y por cuyo favor, como ya ha sucedido en otra ocasiones, debería pagarle la correspondiente comisión" a través de sus empresas.
