Diputación respalda a los colectivos de la discapacidad que reclaman una mejor financiación de la Junta

CÁDIZ 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Bienestar Social en la Diputación de Cádiz, David de la Encina, ha mostrado su respaldo a las reivindicaciones de los colectivos que trabajan con la discapacidad y comparte su descontento con la revisión del precio por plaza aprobado por la Junta de Andalucía, que se limita a un 2,6%.

Según ha informado la Diputación en una nota, esta reivindicación coincide con la opinión que ha hecho saber el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad, Cermi Andalucía, de carácter regional y que integra a asociaciones y federaciones que trabajan en este ámbito, entre ellas Feproami.

Cermi ha manifestado en un comunicado el sentir del movimiento asociativo de la discapacidad, que considera "inaceptable la subida de solo el 2,6 por ciento en el coste-plaza" y que cree que "hará insostenible mantener la actividad y servicios de estos centros, muy mermados por la crisis del Covid-19".

Así, De la Encina se ha mostrado de acuerdo con esta postura y ha afirmado que "esta revisión no alcanza a cubrir los costes crecientes que están asumiendo las entidades y pone en riesgo la viabilidad del sistema y su propias supervivencia".

Además, el diputado de Bienestar Social ha coincidido con la petición de estos colectivos a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación para que rectifique esta propuesta que afecta a los servicios que prestan a más de 700.000 personas con discapacidad en Andalucía.

No obstante, De la Encina ha afirmado que las entidades del ámbito de la discapacidad "han hecho un sobreesfuerzo para mantener la actividad durante la pandemia y no pueden permitirse estar más tiempo asumiendo estos servicios con los recursos que les ofrece la Junta, a todas luces insuficientes, y que no se ajustan a las promesas que en su momento hizo el actual presidente para actualizar la aportación de la Comunidad Autónoma a los costes reales que soportan las entidades".

De esta forma, desde Diputación han señalado que "al riesgo real de cierre que supone esta escasez de recursos se suma además la imposibilidad de que estas entidades puedan asumir la ampliación de plazas en los centros de discapacidad, tal y como quiere la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación", y que según denuncia CERMI "les obligará a atender más necesidades con prácticamente los mismos recursos que son ya totalmente insuficientes, poniendo en riesgo su viabilidad y sostenimiento".

Por último, la Diputación ha señalado que el coste de estas plazas llevaba desde 2012 sin ningún tipo de aumento y solo en 2019 se acometió una revisión que no alcanza tampoco a cubrir las necesidades de financiación de estos centros.