Diputación de Cádiz solicitará seguir usando la Junta de los Ríos otros 30 años para continuar con la Granja Escuela

CÁDIZ 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Corporación de la Diputación de Cádiz se ha reunido este miércoles para celebrar el pleno ordinario de octubre, en el que se ha aprobado la solicitud a la Junta de Andalucía de seguir haciendo uso de la finca Junta de los Ríos, cuya titularidad corresponde a la administración autonómica, para mantener la actividad de la Granja Escuela Buenavista.

La Junta cedió a la Diputación el uso de la finca, de forma gratuita, por un plazo de 30 años, por lo que la autorización vence en el 2028, como ha indicado la Diputación en una nota

En estos terrenos de más de 9.000 hectáreas, situados en Arcos de la Frontera, la institución provincial desarrolla desde el año 1998 actividades medioambientales, incluyendo la Granja Escuela Buenavista.

El responsable de Transición Ecológica, Javier Vidal, ha confirmado la intención de la Diputación de continuar la actividad desarrollada en la Junta de los Ríos, pero para ello, es necesario disponer de un nuevo título patrimonial.

En las gestiones previas realizadas ante la administración autonómica, la Junta ha sugerido tramitar una afectación por mutación demanial externa, un tipo de afectación contemplado en la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y eso es lo que el pleno ha acordado solicitar a la Junta.

El plazo inicial propuesto por la Diputación es de 30 años o el que la Junta "considere jurídicamente procedente", a fin de poder mantener la actividad medioambiental que allí se desarrolla. Como contrapartida, la Diputación asumirá los gastos relativos al buen uso del bien y su conservación.

Este procedimiento posibilitará mantener el uso actual de la finca y la continuidad de la actividad de la Granja Escuela Buenavista, un recurso de referencia en la provincia para la educación y sensibilización ambiental y la transmisión de valores vinculados al medio rural, agrícola y ganadero.

En la sesión, presidida por la titular de la Diputación, Almudena Martínez, se han tratado asuntos relativos a gestión tributaria y presupuestaria, asistencia a municipios, medioambiente, prestaciones sociales, vivienda, educación, violencia de género y derechos laborales, entre otros.

Entre ellos, se ha destacado el apoyo expresado por Martínez al pueblo de Arcos de la Frontera por las inundaciones sufridas por las lluvias durante el pasado fin de semana. Esto ha sido a colación de un ruego expresado por la diputada socialista Ana Carrera.

La presidenta ha explicado que la administración provincial mantiene el contacto con el Ayuntamiento de Arcos y que se ha puesto a su disposición, como hizo, ha recordado, con todos los ayuntamientos gaditanos afectados por las borrascas del pasado invierno.

En cuanto a las proposiciones debatidas en pleno, el PP ha puesto sobre la mesa la situación de las familias con menores afectados por cáncer u otras enfermedades graves, cuando pierden la denominada prestación CUME, una ayuda que permite compensar la pérdida de ingresos por reducir la jornada laboral para cuidar al menor, por alcanzar una determinada edad.

A raíz de la propuesta, aprobada por unanimidad, la Diputación ha manifestado su apoyo a estas familias, instado al Gobierno de España a promover "con carácter urgente" las modificaciones legislativas necesarias para permitir la prórroga excepcional de esta prestación más allá de los 26 años.

También a propuesta del Grupo Popular se ha aprobado instar al Gobierno a reactivar de forma inmediata el Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico en el Sur (OCON-Sur) de la Guardia Civil.

Según ha defendido el portavoz del PP, Juancho Ortiz, "a pesar de la utilidad y eficacia demostradas" esta unidad de élite "desmantelada en 2022 por el Ministerio de Interior" ha provocado "graves consecuencias", no sólo en la lucha contra el narcotráfico sino en la seguridad de los servidores públicos que trabajan sobre el terreno y de la sociedad en general.

La propuesta, aprobada por mayoría con los votos a favor del PP, La Línea 100x100 e Izquierda Unida y la abstención del PSOE, incluye declarar Zona de Especial Singularidad al litoral andaluz y el cauce del río Guadalquivir, reforzar la plantilla de la Guardia Civil en la provincia y dotar a las Fuerzas de Seguridad de los medios necesarios para hacer frente al narcotráfico.

El PSOE ha presentado una moción para instar al Gobierno de la Junta a mantener la "plena independencia técnica y profesional" de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género "sin interferencias políticas o ideológicas", en palabras de la diputada socialista Carmen Collado, además de disponer de los recursos humanos y materiales necesarios para desarrollar sus funciones, y garantizar la continuidad, estabilidad, especialización y calidad del Servicio de Atención a las Víctimas de Andalucía (SAVA), entre otras medidas. Esta ha sido aprobada por unanimidad.

Además, el grupo Socialista ha expuesto la falta de personal en las escuelas infantiles públicas en el Campo de Gibraltar. Según sus datos, de los 11 centros existentes en la comarca, sólo en uno se ha iniciado el curso con la plantilla al completo.

Por eso, se ha instado a la Junta a realizar un diagnóstico individualizado de las necesidades de personal en la zona, garantizar la cobertura inmediata de las plazas vacantes, bajas, jubilaciones y traslados, y establecer un plan específico de seguimiento y refuerzo para anticiparse a las necesidades que surjan en cada centro. La propuesta, defendida por la diputada socialista Ana Jarillo, se ha aprobado por unanimidad.

Finalmente, a propuesta del PSOE, y con los votos de este grupo, Izquierda Unida y La Línea 100x100 y los en contra del PP, el pleno ha acordado por mayoría reafirmar el compromiso de la Diputación con "el derecho a una vivienda digna, adecuada y asequible, especialmente para jóvenes, familias trabajadoras y colectivos en situación de vulnerabilidad".

Respecto a este asunto, también se ha instado a la Junta a garantizar la aplicación "efectiva y plena" del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 en la provincia.

El pleno ha aprobado además por unanimidad una iniciativa del grupo Izquierda Unida sobre financiación del Sistema de Atención a la Dependencia. En este sentido, se ha instado al Gobierno de España y a la Junta a establecer una senda plurianual de financiación que permita planificar los servicios y que evite depender de incrementos "coyunturales o tardíos".

Su portavoz, Ramón Galán, ha defendido que "la atención a la dependencia necesita un modelo económico suficiente, estable, previsible, actualizable y sostenible en el tiempo".

En una segunda moción, IU ha planteado ante el pleno la necesidad de "corregir" la situación de "precariedad laboral" del Personal Técnico de Integración Social en los centros educativos.

La Corporación ha acordado con los votos a favor de todos los grupos políticos, menos del PP, que ha votado en contra, instar a la Junta a atender las demandas de los colectivos, dotar a los centros educativos de "suficiente personal de apoyo" al alumnado con necesidades educativas especiales y llevar a cabo contratos estables a estos profesionales, entre otras medidas.

Durante la sesión también se ha aprobado la ampliación de la asistencia asumida por el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación, responsabilidad del vicepresidente quinto, Sebastián Hidalgo, por un lado, la gestión tributaria del Impuesto de Bienes Inmuebles, delegado por el Ayuntamiento de Arcos en la Diputación, y por otro, de la competencia sancionadora por infracciones administrativas, delegada por el Ayuntamiento de Castellar.